Incumpliendo la ley, la DGA se niega a facilitar los datos sobre el número de muertes desglosado por centros porque “considera que la información disponible no es exacta”, despachando así un requerimiento de acceso a información pública del periodista Manuel Rico de infoLibre. El Consejo de Transparencia de Aragón tiene actualmente 333 reclamaciones pendientes de resolver. El gobierno de Lambán no sabe si gastó 70 millones en la Residencia de Exeya, ha suprimido 21 puestos de trabajo, y mientras tanto, más de 700 personas están en lista de espera para optar a una residencia en Uesca.
