La titular de la Audiencia Nacional no ve delito penal en las actuaciones de la construcción de las instalaciones de explotación y suministro de gas y asegura que no han quebrantado sus deberes con la administración y añade que “los caudales públicos” tampoco se han visto “desviados torticeramente de su destino”
La querella, tramitada ante la Audiencia Nacional el pasado 21 de febrero por diversos colectivos entre los que se encuentran el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y Xnet, tiene como objetivo dirimir “responsabilidades” en el Proyecto Castor bajo los posibles delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos