A raíz de la carta de Pedro Sánchez a la militancia en la que anunciaba que cancelaba su agenda y que reflexionaría si seguir como presidente del Gobierno español tras la "campaña de acoso" de la ultraderecha, se ha vuelto a poner el termino lawfare en el centro del debate
Pese a los reiterados intentos del PP para sabotear la investigación policial y judicial, el Tribunal Supremo confirma en sentencia firme -y ratifica asimismo la sentencia anterior de la Audiencia Nacional- que el PP empleó ilegalmente durante, al menos, 18 años un sistema de financiación irregular -Caja B- para financiar con sobresueldos a sus cargos públicos y orgánicos, dopar sus campañas electorales con dinero de empresarios ‘amigos’ a cambio de ‘favores’ -contratos de administraciones públicas dirigidas por el PP-, e incluso financiar a medios ultraderechistas afines como el del nacionalista hispano-madrileño Federico Giménez Losantos.