Con un valiente testimonio, Alicia, vecina y una de las propietarias de los pastos de la Val de Castanesa expropiadas forzosamente por la DGA, describe “el expolio y usurpación de tierras al que están siendo sometidas la val y sus habitantes por parte de la empresa Aramón -Ibercaja y Gobierno de Aragón- para la especulación urbanística en valiosos paisajes de alta montaña” del Pirineo aragonés.
Así consta en la resolución final del órgano administrativo competente, la Secretaría General Técnica, Sección de Expropiaciones, del Gobierno de Aragón, que resuelve que “NO procede la declaración de urgencia”, pues técnicos y jurídicos argumentan que “en la declaración de utilidad pública del proyecto del 2012 ya se declaraba que el procedimiento era ordinario y no urgente atendiendo a la Ley de Expropiación Forzosa”.