"El objetivo es avanzar en la regulación autonómica con una ley que garantice que, tanto el marco normativo vigente, como las actuaciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad las sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos y remueva con los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos", afirman desde el Gobierno de Aragón
