"Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en Aragón, Castilla y León y País Valencià podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", así se expresa el informe de la ONU que suscriben tres relatores de la institución internacional: Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz. Azcón tachó su derogación de "impecable", Nolasco tildó de "astracanada" la denuncia ante el organismo internacional. Según el informe publicado: ni "impecable", ni "astracanada".
