La sentencia de 13 de junio de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), referente a los casos acumulados C-331/22 y C-332/22, anula la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y la Ley 20/2021. Tras la misma, el ministro para la transformación digital y de la función pública ha declarado "que no acatará la jurisprudencia europea", según denuncia FETAP-CGT.
