“Los motivos que nos llevaron a presentar esta impugnación fueron que el equipo de Gobierno incumplía sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que en el año 2013 dejó claro que los servicios mínimos del 50% eran abusivos, e infringían el derecho constitucional a la huelga”, recuerdan desde el comité
