Según el escrito de Anticorrupción, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples vulneraciones de derechos fundamentales" de varias personas


