Siete jóvenes estudiantes, en su mayoría militantes de Contracorriente y del Sindicato de Estudiantes, han sido acusadas de "desórdenes públicos, coacciones y delito de odio". Una investigación policial de casi 100 páginas, redactada a partir de materiales suministrados por medios de comunicación de ultraderecha, ha sido la base para formular esta acusación.
