El Gobierno de Aragón ha sido incapaz de controlar la crisis sanitaria provocada por la contaminación del río Queiles y los abastecimientos de agua de boca, y mes y medio después confía en que la lluvia diluya la gastroenteritis. Sin embargo, el tejido social reclama soluciones definitivas, y las fiscalías de Zaragoza y Soria tienen abiertas sendas investigaciones para dirimir responsabilidades.
