La sumisión del gobierno frente a los poderes económicos ha llegado hasta tal punto, que desde Bruselas nos marcan la hoja de ruta y hacen que los servicios públicos se pongan a disposición del capital. Abiertamente se habla de prohibir la jubilación obligatoria, de limitar el acceso a la misma, de ser más exigentes con el cotizante, de penalizar de nuevo la jubilación anticipada, de gestionar planes privados a través de las empresas, de incentivar la jubilación demorada (que legalmente se pueda trabajar más allá de la edad ordinaria de jubilación), es decir, potenciar un nuevo ataque al sistema público …
