La estación de esquí, que lleva una década en concurso de acreedores y que el año pasado requirió una inyección millonaria de dinero público para seguir abierta, se enzarza en litigios contra la mancomunidad forestal propietaria de los terrenos que explota con sus pistas y contra el ejecutivo de Lambán con los objetivos de evitar pagar el canon que le permite ocupar esas tierras y de presentar su negocio privado como una concesión pública.
Colectivos y habitantes del Pirineo aragonés han impulsado la plataforma Stop JJOO Aragón, a quienes se suman la comunidad científica aragonesa, y algunos partidos políticos, que rechazan el proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y exigen la retirada de la candidatura y destinar las inversiones a cubrir las necesidades del territorio y de la población.
Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón explican que “en una escalada de las presiones por parte de la empresa Aramón -Ibercaja y DGA-, esta ha decidido invadir la Roca de Troc con sus máquinas para comenzar la construcción del complejo urbano-industrial saltándose la más mínima legalidad y respeto de la actual propiedad y los habitantes del valle”. Los hechos han sido denunciados en la Comandancia de la Guardia Civil de Benás.
“El inmovilismo en las posiciones de la parte empresarial y la finalización de la temporada y de la presencia de las plantillas en los centros de trabajo han hecho necesaria la convocatoria de los paros parciales”, argumentan desde los sindicatos