La actividad se realizó a pesar de las denuncias administrativas y de las quejas formuladas por colectivos de personas discapacitadas. Las administraciones implicadas podrían haber incumplido la Ley General sobre derechos de las personas con discapacidad, que veta actividades taurinas que puedan suponer humillaciones, mofas o irrisión de las personas asistentes como público.
