“Esta política reiterada durante años, basada en expedientes continuados de regulación de empleo, responde a una estrategia de privatización constante del servicio, dedicando cientos de miles de euros a las licitaciones para engordar las cuentas de resultados de las empresas privadas, en vez de ser dedicados a la creación de empleo público, reinvirtiendo en la mejora del servicio”, apuntan desde la formación sindical
