El BOE del 24 de diciembre traía, entre la habitual avalancha legislativa, una sorpresa que ha pasado un tanto desapercibida: se generaliza, por ley, el modelo de construir o adaptar viviendas sociales mediante concesión a la iniciativa privada. Y esta vez no es cosa de un gobierno territorial o un ayuntamiento, es una ley estatal con la que arranca el año.
Zaragoza en Común pide al gobierno de la ciudad que presente un análisis de ocupación del espacio público a fin de plantear la reducción de las terrazas, en coordinación con las juntas de distrito en el plazo máximo de tres meses. "No debemos olvidar que el espacio público es el escenario principal donde se ejerce el derecho a la ciudad, y debe ser accesible, inclusivo y diseñado para fomentar la convivencia y la interacción social", ha señalado Elena Tomás.
La nueva ordenanza de limpieza del Gobierno PP-Cs eleva las sanciones y añade más requisitos a los colectivos y entidades que ya se veían abocadas a un laberinto administrativo y a afrontar grandes gastos a la hora de realizar cualquier acto en plazas, calles y parques de Zaragoza. Exigencias por cierto, como instalar baños públicos en espacios festivos, que el Ayuntamiento no ha cumplido, como en los pasados Pilares.
"Desde que gobierna el PP se han venido dando una serie de ataques continuados a las fiestas populares justificando la estrategia de ataque a estos espacios en normativas, leyes, reglamentos y otra burocracia por el estilo", denuncia el PCE Aragón en un comunicado
Las distintas paradas abordarán cuestiones como el equilibrio entre el disfrute del espacio público y la instalación de terrazas; la ampliación del carril bici de Pablo Ruiz Picasso y la conexión del tranvía en Royo Villanova, o la mejora del espacio de la chopera, entre otros
La explanada de entrada al centro se usa de parkeing informal, una zona sin acondicionar y totalmente descuidada que las familias exigen que se acondicione. En 2013 se autorizaron las obra de acondicionamiento, sin embargo, a día de hoy, siguen sin ejecutarse.
Cientos de personas se concentraron este miércoles en defensa del Centro Social Comunitario Luis Buñuel y de "unas vidas dignas y libres" ante las amenazas del trifachito tras la sentencia judicial. Una sentencia que han decidido recurrir. Además quienes dinamizan este espacio, abierto desde 2012 al barrio del Gancho y Zaragoza, han vuelto a pedir al Equipo de Gobierno una reunión que vienen negando desde que llegaron al Ayuntamiento.
Los tres grupos de trabajo del Plan Integral del Barrio de Oliver (PIBO), dedicados a Derechos Sociales, Urbanismo y Participación, respectivamente, han trabajado en los últimos meses para impulsar distintas líneas de actuación