Si lo relatado ocurriera con juristas y economistas (cosa que muy probablemente no se produzca), podría llegar a ser admisible, pues se presupone igualdad de conocimientos y datos para llegar a acuerdos o desacuerdos; pero si se hace con personas mayores, con pocos recursos jurídicos y contables, y con mucho miedo a que le quiten lo suyo y lo de sus hijos, no se entiende como las administraciones no están mediando y poniendo las cosas en su sitio
