La sentencia de la Audiencia Nacional dice que el PP contrató para organizar las campañas de 2007 y 2008 a la empresa Orange Market SL e infringió "la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas", ya que en realidad los pagos los realizaron empresarios que "no podrían hacer donaciones al PP" porque tenían contratos con las Administraciones Públicas





