El objetivo es que la fiscalidad en el Estado español se acerque a las de los estados del entorno (en términos de porcentaje del PIB, el Estado español ocupa el puesto 25 en el ranking de la fiscalidad ambiental de la UE-28), para poder orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora de la justicia social.
