Con PP, Vox y PAR copando las principales instituciones aragonesas, nuestro país ha entrado en una espiral de integrismo ultraderechista que intenta arrasar con todo y con todes. Desde actos impulsados por la DGA contra del derecho al aborto a declaraciones de la presidenta de las Cortes de Aragón jactándose de su “centralismo” o antiaragonesismo, pasando por la supresión de eventos culturales, derogaciones de leyes por la dignidad, justicia y reparación de víctimas del terror, destrucción sistemática de la naturaleza o mantener la colaboración público-privada extractivista como único eje económico.
