El Informe Sombra confirma vulneraciones cometidas por el Estado español, firmante de la Convención, en cuestiones como el uso de material antidisturbios altamente lesivo y potencialmente letal en las manifestaciones y en sus fronteras, tolerar ilegalmente ‘devoluciones en caliente’, uso de la fuerza policial con motivación racista, centros de privación de libertad , no investigar y documentar la tortura, no realizar investigaciones efectivas sobre los crímenes del franquismo, y a esto se suma que el Estado español sigue sin reconocer oficialmente, y aplicar en plenitud, el Protocolo de Estambul.
