La Coordinadora de Vivienda de Aragón denuncia “el incumplimiento sistemático del derecho a la alternativa habitacional” por parte de la administración aragonesa. Tanto las normas aprobadas en Aragón -Ley 10/16-, como el decreto estatal -RD ley 11/2020- puesto en marcha desde el estallido de la pandemia, reconocen el derecho de las familias vulnerables a una alternativa frente a la pérdida de vivienda habitual en desalojos forzosos -judiciales-.
