Los casos se resuelven en una media de 75 días, cuando no deberían demorarse más de 35. Además, las solicitudes denegadas ascienden al 20% del total, según la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, ocho gobiernos territoriales no han publicado ningún informe de evaluación. Los datos más recientes del Ministerio de Sanidad corresponden a un lejano 2022 y "solo permiten analizar la situación de manera superficial", denuncia DMD.
