Este hecho significa “sin duda el desguace casi definitivo del Área de Menores en conflicto social, que no podrá asumir sus responsabilidades con un nivel de calidad y que inevitablemente lo conducirá hasta una privatización del servicio, que ávidamente espera el tejido empresarial o de ONGs que ya gestionan una parte muy importante del sistema aragonés de atención al menor”
