El promotor del proyecto ha solicitado a la CHE una concesión de caudales de agua desorbitada que esquilmaría el recurso en la zona, imposibilitaría el abastecimiento de agua a las poblaciones de la zona y produciría irreparables daños medioambientales
Continúa el laberinto judicial para la paralización definitiva de las obras del pantano de Mularroya, que incumplen la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, en un nuevo capítulo que se suma a la saga de David -las plataformas en defensa de un río vivo que deben costear el proceso con sus recursos propios- contra Goliat -CHE, PSOE, y lobbies de regantes y empresas constructoras, que sufragan los costes procesales de sus recursos con dinero público.
Las entidades vecinales ya han recurrido esta sentencia que tendrá que resolver el TSJA. El Gobierno de PP y Ciudadanos decidió cambiar el nombre a petición del partido ultraderechista Vox.
El discurso oficial, en Aragón y en el Estado español, sigue sin asumir que la presa del embalse de Yesa tiene problemas de seguridad irresolubles que impiden un llenado seguro para poblaciones de Aragón y Nafarroa.
El dictamen confirma las graves incertidumbres sobre el comportamiento de las laderas de Yesa y que éste se escapa a lo que afirmaron los modelos utilizados y los informes presentados de 2013 a 2015 como fiables y de rigor por haber sido simplistas. Así, se admite finalmente que poco se puede hacer para aumentar la seguridad y, por tanto, se asume someter a la población a mayor riesgo que el considerado anteriormente.
Río Aragón explica que “sistemáticamente la CHE ignora los derechos que nos amparan según la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, poniendo en peligro la vida de pueblos agua abajo de la presa”.
Las masas de agua a uno y otro lado del Moncayo han sufrido “un gravísimo daño” que ha derivado “en el triste récord de contar con un ‘Mar Menor’ en el interior de Aragón”, denuncian desde Marea Azul. Sin embargo, se ha autorizado un nuevo vertido de aguas residuales de las poblaciones de Ólvega y Ágreda.
Plantea que esta empresa energética pública aragonesa debe ser la responsable de iniciar los procesos de reversión de aquellas centrales hidroeléctricas con la concesión caducada, anteponiendo los intereses sociales y medioambientales
El paisaje sufriría una profunda transformación que tendría consecuencias en el turismo rural y profundas modificaciones en la actividad agraria para la supervivencia de las poblaciones aledañas
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -MITECO- ha publicado un informe, que se incluirá en el proyecto ‘Mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda’, en el cual establece las diferentes opciones que finalmente se deberán contemplar. La Plataforma ‘el Bergantes no se toca’ solicita a la CHE que haga publico “el descarte”.
Algunos de los ayuntamientos que se verían afectados han calificado el proyecto “de locura para el territorio y para toda la cuenca del Guadalope, tanto por su fuerte impacto ambiental presente y futuro como por los escasos puestos de trabajo que se crearán en la zona”.
El colectivo Aturando Yesa ha desplegado una gran pancarta en este puente zaragozano con motivo del Día de Aragón para recordar que la ciudadanía aragonesa debe posicionarse en contra del recrecimiento de este embalse
Desde que en 2001 se anunciara la primera adjudicación desde la Asociación Río Aragón han reiterado que es una obra que nunca podrá concluirse garantizando la seguridad de las poblaciones aguas abajo
El desbroce, dragado y corrección del cauce del río puede alterar la dinámica fluvial y destruir vegetación, además de alterar la reproducción de la fauna acuática y terrestre
La formación morada lamenta que el Plan no afronta los grandes problemas del cambio climático y la contaminación de las aguas, y reclama un gran pacto social
También confirma en sede parlamentaria que lo presupuestado ya alcanza los 443 millones, cuadruplicando el coste de adjudicación y duplicando el último modificado. “Desde la CHE se ha intentado engañar con el gasto real en Yesa, ocultando una y otra vez partidas sobrevenidas no contempladas en el presupuesto inicial”, denuncian desde Río Aragón “es hora de replantear su final de obra y renunciar a su llenado”.
La CHE ha abierto un expediente sancionador por los vertidos producidos la EDAR entre el 5 y 10 de enero de 2022, imponiendo una sanción de 157.388 € (más 15.738 € por daños) al Ayuntamiento de Ágreda, que es el titular de la instalación y responsable de los vertidos
Pese a la grave preocupación, hasta de la propia CHE, por los problemas de seguridad para las poblaciones ribereñas, el recrecimiento del pantano de Yesa que ya ha consumido cerca de 500 millones de euros, 400 más de los 100 presupuestados inicialmente, suma ahora otras dos partidas en los PGE para 2022 hasta llegar a 730 millones. Mientras la Asociación Río Aragón denuncia “la sistemática ocultación de información por parte de la CHE” que aún no ha publicado el informe sobre seguridad del Colegio de Ingenieros e Ingenieras de Caminos Canales y Puertos.
En su momento, el Ayuntamiento de Beceite aseguró que se debía al control de aforo con el motivo del COVID-19 pese a que ya estaba controlado por personal municipal
Podemos calificar de un gran éxito, de una gran victoria de los defensores de lo público, el deslinde practicado por la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre unos terrenos del Club Deportivo “Tiro de Pichón”, que afirmaban ser de su propiedad. Deslinde sobre unos terrenos que al haberlos registrado el Club en el Registro de la Propiedad llevó al Ayuntamiento a proceder, en la creencia de ser suyos, un procedimiento de expropiación con ocasión de los preparativos de la EXPO 2008. Siendo Alcalde de la Ciudad, en el año 2016, con ocasión de una Jornadas sobre inundaciones del Ebro, desde la …
El presidente de CHA, Joaquín Palacín, explica que “apostamos por la reversión pública de todas las concesiones caducadas de saltos hidroeléctricos en Aragón y la creación de una empresa pública aragonesa para su gestión”.
La punta llegará con un caudal inferior al esperado, que no superará los 1.300 metros cúbicos, sin provocar afecciones importantes, según las previsiones de la CHE
Los cascos urbanos de pueblos y ciudades han arrebatado a los ríos 2.000 hectáreas de sus territorios naturales en Aragón, lo que genera graves riesgos para la seguridad de sus habitantes cada vez que experimentan crecidas, en unos procesos cuya frecuencia acorta y cuya intensidad eleva el cambio climático y que centran el grueso de sus daños en una agricultura que lleva décadas adentrándose en los cauces.
El anterior gobierno de la ciudad sostenía que la entidad privada se apropió de unos suelos de dominio público en 1975 por lo que luego cobró una restitución millonaria
En la capital aragonesa, la punta de la crecida pasa con un caudal menor de lo previsto. Las zonas más afectadas han sido el barrio de L'Almozara, la margen izquierda y los barrios rurales de Alfocea y Monzalbarba.
La punta de la avenida está atravesando los núcleos de Pradilla y Boquiñeni sin afecciones en los cascos urbanos. El presidente Javier Lambán dice que ha sido una “noche larga, con todos los operativos activados” en un alto grado de coordinación.
Izquierda Unida, que ha registrado preguntas en las Cortes, advierte que la CHE ha requerido la presentación del documento técnico de la citada restitución y ha comunicado que se hace necesario iniciar de manera inmediata estos trabajos de restauración pero el Gobierno de Aragón no los ha iniciado