Entiende el tribunal que “los meses de septiembre y octubre son los más tradicionales, junto con abril a junio, para la celebración de bodas” y tiene en cuenta también los daños personales y morales, tanto de los ciudadanos y ciudadanas que han encargado los eventos como los de los familiares y personas invitadas que han hecho los gastos para asistir al evento y en la "penosa situación" de los novios y novias
