Los cascos urbanos de pueblos y ciudades han arrebatado a los ríos 2.000 hectáreas de sus territorios naturales en Aragón, lo que genera graves riesgos para la seguridad de sus habitantes cada vez que experimentan crecidas, en unos procesos cuya frecuencia acorta y cuya intensidad eleva el cambio climático y que centran el grueso de sus daños en una agricultura que lleva décadas adentrándose en los cauces.
Fernando Marqués, portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Camporrells, considera necesario "acometer sin dilación actuaciones de mantenimiento, como el pintado de las barandillas, y limpieza y desbroce de las hierbas y masa forestal que se encuentra en su cauce para evitar consecuencias en caso de riada"
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos denunciaba esta práctica ilegal, mientras el Gobierno de Aragón asegura que los trabajos cumplen la legalidad pero ha paralizado los mismos ante la tensión generada en la zona. Y añaden que durante la jornada de este jueves está prevista la retirada de los mismos con los medios adecuados.