El Gobierno de Aragón, por sus prejuicios lingüístico-culturales, su sectarismo ideológico y su gobernanza acientífica, pretende eliminar “cualquier referencia o reconocimiento del aragonés y el catalán como lenguas propias”, incumpliendo el Estatuto de Aragón, la Constitución española y las resoluciones de obligado cumplimiento del Consejo de Europa
