Tras el archivo de la querella presentada contra Suso Domínguez, que tuvo su origen en la denuncia de una ayudas a la innovación, el concejal de ZeC ha avanzado que "la tarea de control no termina, al contrario" porque "vamos a continuar por todas las vías posibles para garantizar el correcto uso del dinero público". Han detectado "posibles graves irregularidades que podrían dar lugar a un delito de fraude".
La Audiencia de Zaragoza ha desestimado el recurso de Inversiones Empresariales Ebro y confirma el auto del Juzgado de Instrucción que expresaba que "en modo alguno resulta acreditado que se haya cometido una infracción penal por parte de los querellados". En las noticias publicadas "no existe otro ánimo que el de reprochar la actuación de los dirigentes del consistorio municipal y de una manera indirecta de la empresa favorecida por la subvención, pero no se entiende que se rebase el derecho a la libertad de expresión", remarcaba.
Una vuelta de tuerca más en el mayor caso de corrupción urbanística y fraude fiscal enjuiciado en Aragón. La Audiencia de Zaragoza, órgano ejecutor de la sentencia, ha acordado sustituir las penas de prisión, inferiores a dos años, impuestas a la que fuera alcaldesa de La Muela —entre 1989 y 2011, con el CDS y el PAR—, por 59.880 euros en multas.
El partido ultraderechista acusa al concejal de ZeC de un supuesto "delito de odio", y suma "incitación a la comisión de delitos, alteración pública y provocación al delito". El mismo juez de la Audiencia que condenó a los seis de Zaragoza dio crédito a la acusación al considerar que hay "indicios suficientes".
El concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero -Zaragoza en Común-, deberá comparecer ante la Audiencia de Zaragoza al informar esta institución “que ve indicios suficientes de delito de odio” contra la formación ultraderechista Vox en las palabras de Cubero afirmando que “ojalá les pase en toda España lo que les pasó en Vallecas”, por su parte los neofranquistas de Vox no ocultan su intención de inhabilitar judicialmente a quienes les critican políticamente.
Carlos Esco, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría, junto con cuatro personas más han sido absueltos de la trama de corrupción de la plataforma logística de la capital aragonesa. Tras los pactos, la Fiscalía Anticorrupción no ha podido recuperar los 147 millones que estima que fue malversado.
En sus razonamientos jurídicos, los magistrados fundamentan la desestimación de las alegaciones hechas y ratifican la resolución dictada por la Audiencia de Zaragoza. No obstante, contra la sentencia ahora dictada por el TSJA cabe recurso de casación.
Así ha resuelto el Tribunal Supremo el conflicto que desde 2004 dividía a los juzgados españoles, el más problemático era el caso de agresión mutua. Esta medida de “discriminación positiva” persigue, como ha explicado el abogado especialista en violencia machista, Antonio Muñoz, "proteger a las mujeres".
La sesión de este primer día estará dedicada a las cuestiones previas, y a partir del día 20 tendrán lugar las declaraciones de los más de 20 acusados por un supuesto fraude de 140 millones de euros
Los magistrados han acordado desestimar el incidente de recusación formulado por Agapito Iglesias y la entidad mercantil Multi-Inversiones contra el magistrado Francisco José Picazo Blasco. Además, imponen a Agapito una multa de 200 euros por haber actuado con mala fe. El juicio comenzará el próximo 5 de noviembre.
La Audiencia de Zaragoza dicta una sentencia de conformidad en la que Franciso Javier Moliner Cebollada acepta que se embolsó fraudulentamente 4.235 euros del Ayuntamiento de Trasmoz que debían destinarse a la compra de un camión
El Alto Tribunal anula la sentencia y obliga a la Audiencia de Zaragoza a la celebración de un nuevo juicio, sobre los delitos por los que ya fueron condenadas, la exalcaldesa y seis personas más, en el caso de corrupción más grande vivido en Aragón
Pese a las dudas generadas por las contradicciones entre la autopsia realizada tras el fallecimiento y la realizada seis meses después, ordenada por la propia Audiencia, el órgano judicial ha decretado el fin del procedimiento
El tribunal confirma la sentencia del juzgado de Instancia número 10 de Zaragoza al desestimar parcialmente la demanda interpuesta por el propietario de la nave, al no constar probado que la inquilina no hubiera pagado la única contraprestación pactada para 2016 que ascendía a 40 euros por el consumo eléctrico cada dos meses
La Sección V de la Audiencia de Zaragoza ha confirmado una resolución del juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Zaragoza por la que se declaraba la nulidad de la cláusula suelo inserta en un contrato de hipoteca entre un cliente e Ibercaja Banco S.A.U.