La ‘Sociedad Aragonesa de Protección a los Animales y Plantas’ ha interpuesto un recurso al máximo tribunal estatal con el objetivo de que el Gobierno de Aragón apruebe el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este importante paisaje aragonés, un paso previo para lograr su declaración como Parque Natural
El distorsionado debate sobre los eventuales beneficios económicos que tendría para el país destrozar la Canal Roya para enlazar Astún, Candanchú y Formigal con un tinglado de telesillas enmascara el deficiente funcionamiento de unas administraciones que llevan quince años eludiendo proteger unos parajes cuyo valor ambiental resulta excepcional
Las reacciones de rechazo al decretazo de Lambán dando vía libre al destrozo de la Canal Roya se han multiplicado en las últimas horas y también han saltado las fronteras de Aragón: habitantes de los valles afectados, empresarias, activistas, montañeras, científicas, escritoras, etc, exigen la paralización del proyecto de unión de las estaciones de esquí del Pirineo aragonés.
Puyalón denuncia el uso de estos fondos para la destrucción de un paisaje único, la Canal Roya, y pregunta a la Comisión Europea sobre los criterios para otorgarlos y el control que ejerce sobre este tipo de proyectos
Que no quede ni un centímetro de tierra aragonesa sin hormigonar, este parece ser el lema del PSOE y sus aliados. Este martes la Sala de Columnas del Pignatelli en Zaragoza ha acogido la firma del convenio para unir las estaciones de esquí de Astún y Fomigal destrozando el paraje protegido Anayet-Partacua. Por la tarde, un millar de personas se concentraron en defensa de la Canal Roya.
Desde las asociaciones ecologistas y conservacionistas de ámbito aragonés y estatal se lanza un manifiesto para ser firmado y apoyado por organizaciones sociales pidiendo la protección de Canal Roya, con la creación del Parque Natural del Anayet
Las dirigentes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han visitado Zaragoza para conocer de primera mano los proyectos y anunciar que denunciarán ante la Comisión Europea y el Gobierno estatal en caso de que siga adelante un proyecto que “no pasaría un análisis ambiental”.