En apenas unos días, Zaragoza ha vuelto a recibir el golpe seco de una realidad que no es excepcional, pero sí profundamente injusta: la gente pierde su casa mientras cierta política mira hacia otro lado. Dos desahucios en una sola semana, con historias distintas pero una raíz común, desmontan el relato de que la vivienda sea hoy una prioridad real para quienes gobiernan. Margarita tiene 69 años, cobra una pensión de 800 euros y pagaba un alquiler de 500. Tiene reconocida una discapacidad del 45 % y ha salido de una situación de violencia machista. Aun así, fue desahuciada de …
