La propuesta de reforma constitucional aprobada por el Consejo fue anunciada por Sánchez al cumplir cien días como presidente y se encargó un informe al Consejo de Estado que respalda que diputados, diputadas, senadores, senadoras e integrantes del Gobierno español sólo sigan aforados ante el Tribunal Supremo si cometen delitos "en el ejercicio de las funciones propias del cargo"
