El grupo de parlamentarios entiende que el auto de acusación contra los jóvenes de Altsasu "no encaja con las definiciones comunitarias de terrorismo". La iniciativa recoge la incompatibilidad de la acusación con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales, por ello pide la opinión de Bruselas al respecto.
