Por lo tanto, "sus resoluciones, aunque obligan al Gobierno de Aragón, no resultan determinantes a la hora de establecer los derechos de los y las contribuyentes". "De hecho -añaden-, está presidida por el secretario general técnico de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y los miembros de la misma son nombrados por el gobierno, por lo que forman parte de la propia administración recurrida".






















