La medida, aprobada en mayo y modificada en octubre tras las críticas de STEPA, obliga a cesar automáticamente a las y los trabajadores temporales a los tres años y en otros supuestos, aunque “también permite saltársela en casos excepcionales”. El sindicato aragonés ha presentado un recurso contencioso-administrativo, admitido ya a trámite por el TSJA, contra una “ilegal extralimitación de funciones, que convierte al director general de Función Pública en legislador”, tras haber demandado sin éxito su retirada. “El Ejecutivo del popular Jorge Azcón sigue agravando el deterioro del servicio público y con un índice de temporalidad desbocado que intenta maquillar con actuaciones sin sentido como esta”, denuncian.