Este lunes por la tarde, el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han presentado en el Congreso español su programa de Gobierno de coalición. Entre las medidas más destacadas se encuentra la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular de 2012; garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC; el aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio en el Estado español; una subida de impuestos a las rentas más altas; y la implantación de medidas para limitar la subida de los alquileres.
Ambas formaciones se comprometen a recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral de 2012 y derogar con carácter "urgente" aspectos como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Como ya anunció el propio Gobierno español en funciones, se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
El documento (de 50 páginas) recoge el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.
Igualmente, se explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas.
Aumento del SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura
Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en el Estado español, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.
De esta forma, se convocará la mesa del dialogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno y se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por personas expertas, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media estatal alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta y la coyuntura económica.
Pensiones conforme al IPC real
Sobre las pensiones, se garantiza su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos "impropios" y revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.
Medidas de ámbito fiscal
Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidas Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los y las contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".
Sustitución de la 'Ley Mordaza'
PSOE y Unidas Podemos también han acordado sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se refieren como 'Ley Mordaza', por una nueva norma que "garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", y auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus titulares.
En el apartado 'Nuevos derechos y memoria democrática', PSOE y Unidas Podemos se comprometen a aprobar "a la mayor brevedad" una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a actual y que se basará en "una concepción progresista de la seguridad ciudadana" y "priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía".
En particular, la nueva norma regulará el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes policiales, según precisan. Además, derogará el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé multas o penas de prisión de hasta tres años para quienes, de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
"Auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares"
En el mismo apartado se incluye un punto titulado 'Recuperación de nuestra memoria democrática', en el que ambas formaciones políticas acuerdan "auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".
Asimismo, ambas formaciones han pactado implementar un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y declarar nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la Guerra Civil o la dictadura por motivos políticos.
También en relación con este tema, acuerdan desarrollar "actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura" --el 31 de octubre se declarará como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio--, retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.
En último lugar, se comprometen a "estudiar todas las vías legales" para retirar las condecoraciones concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo, así como las prestaciones asociadas.
