Política

Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración: omertá, presiones y enriquecimientos

Las declaraciones de las personas responsables del actual Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración convierten la comisión que lo investiga en un cruce de acusaciones que no resuelve nada a los verdaderos paganos, los municipios y el conjunto de la ciudadanía aragonesa
| 30 junio, 2018 07.06
Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración: omertá, presiones y enriquecimientos
Alfredo Boné en la presentación de una de las patas del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Foto: DGA.

Este mes de junio han desfilado por la Comisión de investigación sobre saneamiento y depuración de aguas en Aragón pesos pesados en la responsabilidad del fracasado Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Entre ellos la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona; el titular de la Confederación Hidrográfica del Ebro entre 2012 y 2015, Xavier de Pedro; los dos últimos responsables del departamento competente en anteriores gobiernos aragoneses, Alfredo Boné (PAR) y Modesto Lobón (PP); además de cargos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Conforme transcurren las declaraciones las sensaciones vienen siendo más bien amargas, pues parece que, entre los altos responsables del plan de depuración, nadie se casa con nadie y ninguno quiere saber nada. Algo frustrante, pues según el Tribunal de Cuentas, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), que planteaba la construcción de 1.153 plantas de depuración para los 731 municipios de Aragón, lo que llevaría a un coste de 3.000 millones de euros tras su privatización, y de las que sin embargo, se han puesto en marcha poco más de 250. Unos números  que son todavía más escalofriantes si los reducimos al Plan Pirineos, una de las tres patas del PASD, donde en diciembre de 2015 sólo funcionaban 10 de las 297 plantas previstas, muchas de ellas con unas dimensiones imposibles e inviables. Un volumen de desfase que bien podría obligar a un mayor interés.

Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente, que es muchísimo más responsable de lo que se hace ver, pues bajo su mandato se creó el Instituto Aragonés del Agua y se creó el PASD, declaraba en la Comisión, y lo hacía sin rubor, que este plan no estaba sobredimensionado. Eludió la responsabilidad en cuanto al desvío de fondos, del convenio firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón para la construcción de depuradoras y obras en el ciclo integral del agua, que terminó por beneficiar especialmente a los ayuntamientos gobernados por el Partido Aragonés Regionalista, al que él representaba. “Yo no decidía las subvenciones”, advertía Boné. De haberlo hecho sería para sacarle los colores.

Un informe realizado por la empresa Belerofontech, que presentaba Podemos este mismo viernes demostraba que los ayuntamientos gobernados por el PAR suponían el 13,7% de la población aragonesa y recibieron el 35,2 % del total de los fondos del convenio repartidos a municipios, que suman 122,93 millones de euros al haberse excluido del estudio 18,4 millones consignados a varios ayuntamientos o comarcas.

Rafael Romeo, presidente de la CHE entre 2008 y 2012, ya había afirmado que el dinero del convenio general del Pirineo se utilizó “para realizar otras obras en Aragón”, y es que a veces es imposible negar las evidencias. Pero en la misma sesión Rafael Izquierdo, director del Instituto Aragonés del Agua entre 2008 y 2010, negó que esto pudiera calificarse de desvío, pues el convenio abría la puerta a proyectos de “interés general”. Ambos terminaron acusando, con el dedo de señalar, al Interventor General del Estado, pues sin su firma no se podía utilizar ese dinero que ahora echamos de menos, en esas otras obras de “interés general”.

Tenemos la declaración de una de las partes firmantes del convenio, que asegura haber hecho todo fetén, así como la afirmación de las instituciones técnicas en el asunto de que ellas tienen las manos limpias. Tanto CHE como IAA señalaban al Estado. Pues bien, la exministra Cristina Narbona, la otra parte firmante del famoso convenio, también pasó por la comisión. Las declaraciones de la exministra, y actual presidenta del PSOE, no nos sacan de dudas. De hecho aseguró que ella se limitó a firmarlo y que al poco tiempo dejaba el Ministerio en beneficio de Elena Espinosa. Vamos, que en cuanto a responsabilidades, todo siguen siendo intuiciones, pero en la comisión nada queda demostrado.

Las comparecencias del mes de junio dejan un regusto extraño. Sobre todo cuando acabamos el mes de mayo con la comparecencia de representantes políticos de diferentes localidades aragonesas que llegaron a calificar en sede parlamentaria el PASD de “fraude” y “estafa piramidal”. Una sensación más bien generalizada entre las personas que conocen el plan.

Algunos exalcaldes aseguraron entonces haber recibido “presiones” del exdirector del IAA, Alfredo Cajal (PAR), quien supuestamente les envió una carta avisándoles de que serían expulsados del Plan si no firmaban el convenio para ceder la gestión municipal de la depuración de las aguas al Gobierno de Aragón. Algo que incurre no solo en la ilegalidad de las propias presiones, sino también en la de  licitar la gestión de las depuradoras de los Ayuntamientos que no habían delegado la competencia. Para algunos de estos alcaldes y representantes municipales “esos actos son nulos de pleno derecho”, pues la Ley de Bases del Régimen Local posibilita la delegación de competencias de los gobiernos territoriales o el gobierno central en los municipios, siempre y cuando se haga por el procedimiento establecido, que en este caso no existe.

Lo cierto es que las formas para llevar adelante el PASD, sin todavía saber si resultan ser delito, son a todas luces un disparate. Municipios que pagan por una depuradora que nunca se construyó, y que más tarde fueron multados por la CHE por no disponer de la misma; decenas de depuradoras sobredimensionadas, que llegan al dislate máximo con costes cercanos a los 100.000 euros en municipios abandonados; y por último, un Impuesto de Contaminación de las Aguas que ha generado una oposición frontal, ante lo que una gran parte de la ciudadanía ve como: un tributo para pagar a unas grandes empresas que construyen o gestionan unas depuradoras que no se necesitan, o lo que es más grave, a las que hay que indemnizar por no poder haberlas construido.

La comisión no parece que vaya a llegar a ningún punto de resolución. El Gobierno de Lambán ya ha demostrado su talante en cuanto al cobro del ICA, obviando los más de 40.000 recursos y los 89.000 impagados en la ciudad de Zaragoza. La CHE y el IAA señalan a Madrid, que a su vez señala al Gobierno de Aragón que asegura haber cumplido con el convenio. Todo este ruido, paradójicamente nos lleva al silencio absoluto, a la “omertá” en la que ninguno de los responsables delata realmente a nadie. Mientras, Aragón sigue pagando los desmanes del PASD y con toda probabilidad tendrá que afrontar el pago de un futuro plan que esperemos devuelva las competencias a los municipios y nos lleve a valores sensatos en cuanto al precio de depuración y saneamiento, la dimensión de las plantas y la gestión pública de las mismas.

30 junio, 2018

Autor/Autora

Redactor. Integrante del Consello d’AraInfo. @maconejos


Twitter
Facebook

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR