La Renta Básica como espejismo

La crisis sanitaria del Covid-19 ha puesto contra las cuerdas a nuestro sistema económico. Para una parte importante de la población las heridas de la crisis anterior nunca terminaron de cerrarse pues muchos de los derechos sociales y laborales que perdimos no se han recuperado. Los sueldos siguen muy por debajo de como eran antes del 2008 y el bajo nivel de vida de las clases populares se ha cronificado. Hoy nadie se cree que la legión de millones de parados generada en un solo mes vaya a volver a encontrar empleo cuando termine la alarma. En este contexto pudiera …

Foto: Ari Spada (Unsplash)

La crisis sanitaria del Covid-19 ha puesto contra las cuerdas a nuestro sistema económico. Para una parte importante de la población las heridas de la crisis anterior nunca terminaron de cerrarse pues muchos de los derechos sociales y laborales que perdimos no se han recuperado. Los sueldos siguen muy por debajo de como eran antes del 2008 y el bajo nivel de vida de las clases populares se ha cronificado. Hoy nadie se cree que la legión de millones de parados generada en un solo mes vaya a volver a encontrar empleo cuando termine la alarma. En este contexto pudiera parecer lógico exigir a las instituciones que se aseguren, tal y como prometen, de “no dejar a nadie atrás”. Entre las demandas exigidas ha tomado fuerza entre el activismo social y militante la idea de alcanzar una Renta Básica Universal (RBU). Y sin embargo a los impulsores de esta medida recientemente se les ha incorporado un buen número de partidarios por la derecha más vinculada al gran capital financiero. Burócratas de la UE y el FMI como Luis De Guindos o Nadia Calviño se han convertido desde hace un tiempo en fervores defensores de la Renta Básica. ¿Cómo puede ser que una parte de la supuesta izquierda y los grandes asesores del capital bancario coincidan?

Tradicionalmente se ha defendido la “RBU” como una forma de paliar los efectos de la próxima revolución industrial y la desaparición forzada de puestos de trabajo. También se ha defendido como forma de favorecer a los trabajadores en la negociación colectiva, o como vía para acabar con la exclusión social de una manera rápida y directa. Para las organizaciones de izquierda que la defienden, esta “Renta Básica” se conseguiría a través del aumento de impuestos a las rentas más altas, y se distribuiría a todos los ciudadanos sin atender a su poder adquisitivo, así se conseguiría una redistribución de la riqueza general. Sin embargo, muchas veces la defensa de esta medida termina allí, y pocas veces se profundiza en las consecuencias sociales que pudiera tener la aplicación de una medida como esta. En este artículo queremos mostrar que respecto a la Renta Básica no es oro todo lo que reluce y que hay por parte de las organizaciones de izquierda mucho de “brindis al sol” y por parte de la derecha un método de aplacar la contestación social.

¿Es realmente viable? El problema de los impuestos a las rentas más altas

La Renta Básica se ha convertido en la medida estrella para una gran cantidad de organizaciones de izquierda. Lo primero que hay que poner de manifiesto es que la instauración de cualquier Renta Básica se sustenta en la idea de mantenimiento del mal llamado “Estado del bienestar” según el cual, frente al modelo socialista de la economía planificada y la propiedad social de empresas, fábricas y servicios, existía una vía intermedia que, sin tocar la sacrosanta propiedad privada, podía mantener el sistema capitalista auxiliando a través de subsidios a los más pobres. Este modelo, que en realidad se sostenía gracias a la doble explotación de los trabajadores de sus propios países y de los trabajadores de otros países del “tercer mundo”, y al miedo que infundía entre los capitalistas la existencia del bloque socialista, es precisamente el modelo que ha entrado en decadencia los últimos treinta años tras las sucesivas crisis del capitalismo. Hoy los países del tercer mundo ya no se dejan explotar tan fácilmente, y no existe para las grandes fortunas la amenaza del “comunismo”.

Para evitarse tener que aportar a esos llamados “Estados del bienestar” desde hace décadas las grandes empresas y los grandes patrimonios  se han inventado fórmulas para evadir impuestos. Estamos hablando, por supuesto, de las SICAV, de los paraísos y la ingeniería fiscal. Las leyes fiscales en los países europeos no son necesariamente malas. Obviamente dejan la puerta abierta al fraude y la evasión pero, en general, si se cumplieran, se podrían llevar a cabo medidas muy similares a las que proponen los impulsores de la RBU. El problema es que, efectivamente, las rentas y las empresas que más ganan, quienes controlan la economía mundial, se escapan a esta progresividad fiscal. Son tan grandes y poderosas que sobrepasan los mecanismos y la capacidad ejecutiva de muchos estados para forzarles a pagar.

Existe un rango delimitado de renta y de ingresos a partir de los cuales los ricos y las empresas comienzan a reducir el porcentaje de impuestos que pagan. Algo que, como sabemos, no es una regla que se aplique a los trabajadores y a las pequeñas empresas que no tienen capacidad para evitar “el religioso pago del diezmo”. La mayor parte del dinero de los presupuestos públicos viene de las rentas del trabajo y las pequeñas empresas. Si los ricos se permiten no pagar es, precisamente, porque pueden. Una muestra clara y evidente de que el poder verdadero no reside en las instituciones sino en el gran capital.

En definitiva, existe una limitación estructural para conseguir que los grandes capitalistas paguen. Tienen las herramientas suficientes para sacarlo y tributar fuera, tal y como hacen las grandes compañías digitales como Amazon, Netflix o Google o multinacionales como Inditex. Tratar de imponer una fiscalidad más restrictiva sin aplicar medidas de control estricto de sus grandes fortunas llevaría directamente a una fuga de capitales en masa.

¿De verdad la Renta Básica favorecería a las luchas de los trabajadores?

La RBU tendría como efecto directo la tutela directa del Estado sobre los trabajadores, al convertirse este en su principal fuente de ingreso. La visión rentista de la Renta Básica supone concebir a los y las trabajadoras no como creadoras del valor sino como rentistas, que tienen derecho a percibir una riqueza solo por existir y no porque la generen. Una renta que está de hecho completamente enfocada al consumo a través del cual la oligarquía obtendría legítimamente su riqueza. La clase trabajadora pierde así su autonomía como clase en tanto que agente productivo que puede intervenir directamente sobre los mecanismos económicos para mejorar sus condiciones.

El amparo de una RBU milagrosa (concedida por la benevolencia del estado capitalista y “pagada” por los ricos) tendría como efecto no solo la cronificación de la pobreza en base a la dependencia de la beneficencia pública sino también la desactivación de buena parte de los conflictos laborales a través de los cuales los trabajadores pueden avanzar en sus reivindicaciones.

En lugar de tender hacia un verdadero progreso social en el que los trabajadores tienen un papel cada vez más relevante en la economía (propiedad colectiva, planificación democrática…), la Renta Básica amenaza con expulsarlos aún más de esta. Para la clase trabajadora el único progreso real es ser dueños del fruto de su trabajo y no rogar a los propietarios para que devuelvan una parte vía impuestos.

Esta crisis requiere una solución política

Aunque la RBU propugnada por ciertos sectores de la izquierda esté lejos de ser implementada, su maquinaria ya vende como un logro histórico el haber arrancado al PSOE y la mafia oligárquica un Ingreso Mínimo Vital que, dicen, va en el camino de la RBU. Más allá de que una medida transitoria como esta pueda ser positiva para millones de familias que se encuentran entre la espada y la pared, lo verdaderamente preocupante es que los que dicen defender a las clases populares solo puedan aspirar (¡Y vender como victoria histórica!) a un exiguo asistencialismo estatal. Institucionalizar la caridad haciéndonos creer que es una solución definitiva y que verdaderamente la van a pagar los ricos.

No se trata de que sea una medida negativa per se sino del modelo social y económico en el que se inserta. Implementar una renta manteniendo los principios liberales del laissez faire y de la propiedad privada solo pueden llevar a una decadencia sea por la propia regulación alcista del mercado o del efecto perverso del incremento de la deuda. Sin el control de precios, la regulación y un robusto sector público (que incorpore una banca nacionalizada) la desindustrialización se acentuará ante una producción cada vez menos rentable.

En otras palabras, la Renta Básica  no representa una solución definitiva. Solo puede ser positiva dentro de un marco general de medidas que son las que verdaderamente resultan conflictivas. Puede que eventualmente un ingreso mínimo pueda suponer una diferencia sustancial para millones de personas, igual que lo es el aumento del salario mínimo, pero eso no significa que no sea un parche frente a una situación con problemáticas de fondo.

No es cuestión de estar en contra o a favor de la RBU sino de saber qué se ha de priorizar. En lugar de pedir dinero y ayudas públicas probablemente deberíamos priorizar exigir nuestro derecho a un trabajo digno. Un derecho que solo se puede llevar a cabo mediante la reindustrialización, la protección de nuestra economía y unas condiciones laborales dignas. Estamos hablando de pedir algo tan novedoso como las demandas históricas de la clase trabajadora de “Pan, techo y trabajo”. Esas demandas que llenaban las pancartas de los obreros rusos de 1917, de Zaragoza en 1936 o de las movilizaciones sociales de las Marchas de la Dignidad en 2015.

A modo de conclusión

Ante un paro disparado no necesitamos limosna, necesitamos empleo y que sea el estado el que nos asegure vía empresas públicas un trabajo digno. Ante la falta de acceso a una vivienda digna necesitamos control de precios, expropiaciones de grandes tenedores y vivienda pública. Ante los ataques especulativos que condenan el 25% de los presupuestos generales a pagar la deuda necesitamos el impago de la deuda ilegítima. Ante el sálvese quien pueda de la oligarquía, su financiarización y su papel en la desindustrialización necesitamos poner en marcha una reindustrialización planificada desde el sector público. Una economía democrática y planificada con un sistema bancario que evite el saqueo y la usura de los bancos. Que sea el estado quien, por la vía de la intervención directa en la producción, asegure que los bienes básicos llegan a la población, desde la alimentación a la energía o las telecomunicaciones. En definitiva, que sea el interés general el que prime y que seamos los trabajadores quienes decidamos sobre nuestro futuro.

Esta justa demanda de pan, techo y trabajo solo puede conseguirse poniendo en marcha medidas de gran calado como las descritas. Pero estas, como es obvio, tocan en lo profundo los privilegios y el poder real de banqueros y oligarcas. Por eso conllevan una ruptura política verdadera (aunque no mayor de la que ellos ya han declarado contra y a costa de los trabajadores) que la gran mayoría de la izquierda moderada no está dispuesta a aceptar. Tratar de conseguir la cuadratura del círculo con recetas milagrosas como la RBU es tratar de encontrar soluciones peregrinas que dejen intactos los privilegios de los de arriba.

Las medidas reales de distribución equitativa de la riqueza (incluida una eventual Renta Básica verdaderamente pagada por los más ricos) pasan por una ruptura radical que enfrenta necesariamente al gobierno valiente que las adopte con las instituciones nacionales e internacionales que aseguran el privilegio de unos pocos frente a la mayoría. Y de ese enfrentamiento no puede salir otra cosa que la ruptura con instituciones como el FMI, la OTAN o la UE y el BCE. Esto, como sabemos, tiene implicaciones políticas de primera magnitud que deben ser reconocidas.

La primera, y posiblemente la más complicada, es que no existe posibilidad de avanzar hacia esta dirección sin la acción organizada de la clase obrera. Conformarse con una supuesta representación de las trabajadoras, sin reconocer el problema que supone la falta de una plataforma política propia y de sindicatos de clase autónomos, nos mete en un callejón sin salida. La clase obrera queda siempre relegada a ser vendida al mejor postor, al de sobras conocido "mal menor". Y ningún gobierno (incluido el "más progresista de la historia de España") va a tomar ese rumbo si no somos nosotras quien empujemos hacia esa dirección.

Promover una Renta Básica que no vaya acompañada de las medidas de calado que son necesarias para hacerla posible (la protección y el control de la economía, la nacionalización del sistema bancario y los sectores industriales básicos, la expropiación, la regulación y planificación, la democracia real y popular…) supone priorizar una quimera política que puede servir para salir del paso a una izquierda que parece haberse quedado sin ideas y sin discurso.

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