El Tribunal Supremo ratifica 20 años de financiación corrupta del PP

Pese a los reiterados intentos del PP para sabotear la investigación policial y judicial, el Tribunal Supremo confirma en sentencia firme -y ratifica asimismo la sentencia anterior de la Audiencia Nacional- que el PP empleó ilegalmente durante, al menos, 18 años un sistema de financiación irregular -Caja B- para financiar con sobresueldos a sus cargos públicos y orgánicos, dopar sus campañas electorales con dinero de empresarios ‘amigos’ a cambio de ‘favores’ -contratos de administraciones públicas dirigidas por el PP-, e incluso financiar a medios ultraderechistas afines como el del nacionalista hispano-madrileño Federico Giménez Losantos.

Archivo. Luis María Beamonte, Pablo Casado, y Jorge Azcón

La corrupción sistémica como fuente de financiación irregular del PP durante, al menos, 18 años ha sido ratificada este pasado miércoles en una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo. Este es el segundo fallo judicial que recoge la existencia de una 'caja B' como sistema de financiación corrupta del PP. La sentencia confirma penas de cárcel para la banda criminal organizada del caso Gürtel que van desde los 51 años a Francisco Correa, pasando por los 12 años para Rosalía Iglesias, esposa del tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, quien también es sancionado con 29 años de prisión.

El TS confirma en su sentencia que el PP se benefició de la corrupción y los delitos de la banda criminal organizada de la trama Gürtel, y ratifica la condena al PP “como responsable civil a título lucrativo” con que la Audiencia Nacional ya le condenó en mayo de 2018, aunque elimina las alusiones de la anterior sentencia a la existencia de una caja B, ya que los jueces las consideran “intrascendentes en el fallo", cabe recordar que la propia AN ya admitió que la “contabilidad paralela”, o caja B, no era objeto de su fallo, pero aseguraban “que era un contexto necesario” para explicar los delitos de la banda criminal organizada encabezada por Francisco Correa.

El fallo resalta como la banda criminal organizada del caso Gürtel creó un completo sistema de corrupción para manipular la contratación pública a través de su relación con influyentes dirigentes del PP. Para ello no escatimaron delitos: realizaron sobornos a funcionarios y autoridades, emitieron facturas falsas, crearon un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública y ocultar la procedencia ilícita de los fondos, y así también, conseguir su ocultación a la Hacienda Pública.

El Supremo sí estima parcialmente un recurso del PP contra las menciones a la caja B, aunque advirtiendo que esta decisión “carece de efectos prácticos” y que resulta “intrascendente en el fallo”, y añadiendo que “no se puede reprochar a la Audiencia Nacional que mencionara el resultado de las diligencias practicadas en relación con el PP -y su caja B- ya que constituyen el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”.

A pesar de admitir parcialmente el recurso, se entiende meramente formal, pues el Supremo confirma en la nueva sentencia la existencia de la financiación irregular del PP en varios pasajes de la misma, concretamente donde a los jueces se les hace indispensable para atribuir los delitos al tesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, en relación con la sustracción de 300.000 euros de la citada caja B del PP, y su evasión y blanqueo en Suiza. Esto es todo un bucle, Bárcenas y Rosalía Iglesias robaron de la caja B del PP parte del dinero ilegal acumulado por el propio partido. Quien roba a un ladrón tiene entre 29 y 12 años de prisión, sería el nuevo refrán.

En la sentencia del Supremo, también destaca, y sorprende, o no, cuando los sus jueces explican acerca del fallo acordado en su momento por la Audiencia Nacional que “el Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'Caja B', o contabilidad 'extracontable', del PP -sobre la que el recurrente (Bárcenas) ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad-, como los distintos actos de apoderamiento verificados por éste, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir unas acciones de la entidad Libertad Digital”, que es el medio de comunicación ultraderechista fundado por el nacionalista hispano-madrileño de origen aragonés Federico Giménez Losantos. O también la confirmación del dopaje de las campañas electorales del PP cuando ratifican “la condena al Partido Popular por haberse lucrado de 245.000 euros de la corrupción en las citadas campañas locales”.

Los casos Gürtel, Villarejo y caja B del PP se entrelazan

Demostrada con sentencia firme la existencia de la Caja B del PP y su relación con la banda criminal organizada del caso Gürtel, ahora, también se conocen judicialmente los intentos del PP para sabotear la investigación, pues son objeto de investigación judicial en una pieza separada del Caso Villarejo, donde por el momento, están imputados el ministro del Interior de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez, ya que el juez considera que hay “indicios de que actuaron para hacerse con las pruebas que pudieran comprometer a dirigentes del PP en el caso de la caja B”.

¿Cómo afecta la corrupción del PP y su caja B, los casos Gürtel y Villarejo al PP en Aragón?

Hasta la fecha las investigaciones policiales y judiciales no han determinado ninguna responsabilidad penal específica para dirigentes del PP en Aragón. Sin embargo dada la dimensión, estructura sistémica, y duración de la trama de corrupción del PP, cualquier dirigente de esta formación, en Aragón o no, debe estar temblando si ha tenido alguna responsabilidad en asuntos financieros o en campañas electorales, pues a cada paso de los jueces aparecen nuevos nombres imputados.

Así, mientras se confirma judicialmente lo que socialmente era sabido: que el PP se financió durante dos décadas ilegalmente con dinero negro por adjudicaciones de administraciones públicas dirigidas por este partido condenado por corrupción a empresarios amigos, Luis María Beamonte y Jorge Azcón parecen llamarse andana más ocupados en la crisis interna del PP en Aragón, como si la corrupción del PP no fuera con ellos, o fueran cargos de otro partido.

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