La empresa Geoalcali ha obtenido la concesión minera del Gobierno español, con el visto bueno de los Ejecutivos navarro y aragonés- para la puesta en marcha de su proyecto Mina Muga, una mina de potasa que se ubicará en los municipios de Zangoza/Sangüesa en Nafarroa y Undués de Lerda en Aragón. Una explotación limítrofe con el también muy criticado pantano de Yesa.
Con fecha 1 de julio, Geoalcali, filial de la empresa australiana Highfield Resources, ha obtenido el permiso de explotación de su proyecto, que otorga el Ministerio español para la Transición Ecológica en coordinación con las administraciones mineras de Nafarroa y Aragón.
Mina Muga ubicará sus instalaciones en el término municipal de Zangoza/Sangüesa y la bocamina en Undués de Lerda. A partir de ahora, la empresa inicia una nueva fase dirigida a la construcción de Mina Muga, previa obtención de las licencias municipales. En 2019 recibió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.
La inversión en el proyecto, que hasta el momento ha sido de 75 millones de euros, se prevé que supere los 500 millones de euros. Actualmente en Geoalcali trabajan 40 personas.
Esta concesión se produce de espaldas al movimiento social en contra de su construcción y a las reiteradas peticiones de paralización del proyecto por parte de la Plataforma en contra de las Minas de Potasa de la Bal d'Onsella y la Sierra del Perdón.
CHA pide explicaciones a Sánchez
La Secretaria General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha lamentado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: “Es un proyecto insostenible, que ni siquiera cuenta todavía con las licencias municipales pertinentes”.
En este sentido, Lasobras ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar al Gobierno de Sánchez que dé explicaciones sobre esta decisión, dejando claros los motivos de la concesión del permiso, “teniendo en cuenta las afecciones que producirá y la gran oposición que existe en la zona afectada”.
“Desde el primer instante en que se conoció lo que representaría este proyecto para la zona, hemos presentado toda una serie de iniciativas políticas cuyo objetivo era y es lograr su paralización”, explica la Secretaria General de CHA.
Isabel Lasobras ha señalado que CHA presentó en agosto de 2020 sendas alegaciones, durante el periodo de exposición pública, para “reiniciar la tramitación ambiental del mismo, suspender la aprobación de la resolución del Plan de Restauración, aprovechar la tramitación de alguna parte del proyecto para realizar una evaluación conjunta, una evaluación externa del proyecto completo, elaborar una evaluación ambiental estratégica del conjunto, no relegar a tramitaciones mineras aspectos ambientales, aumentar los canales de participación pública, realizar una nueva declaración de impacto ambiental y una resolución negativa del proyecto de restauración”.
Juantxo López de Uralde (Alianza Verde): "La autorización de Mina Muga es un desastre"
Por su parte, el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde ha registrado este miércoles una batería de preguntas dirigidas al Gobierno español, criticando la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del proyecto Mina Muga, entre Aragón y Nafarroa.
Según critica el Grupo Confederal en la iniciativa registrada, se trata de "un proyecto incompatible con la Agenda 2030 y el Pacto Verde no sólo por los riesgos geológicos de sismicidad obviado en los estudios de impacto ambiental (explotación limítrofe con el pantano de Yesa), sino por los cuatro millones de toneladas anuales de residuos que generará y la contaminación salina de cauces y acuíferos. Es incompatible con la reducción de emisiones por el transporte pesado que genera (102.500 camiones al año), así como el ingente consumo de agua (equivale al suministro para 165.000 habitantes)".
Además, el diputado ecologista ha recordado que en una pregunta dirigida al Gobierno español por él mismo en agosto de 2020 ya señaló que la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto otorgada en 2019, no se pronunció "sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos geológicos, ni sobre la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes o catástrofes naturales", a pesar de que el proyecto "contempla galerías de más de 600 metros de profundidad en las inmediaciones de un embalse que está siendo recrecido de 446 a 1.079 hectómetros cúbicos".
Por eso, López de Uralde ha mostrado el "rechazo de Unidas Podemos y Alianza Verde a esta autorización" ya que, a su juicio, "se otorga al margen los riesgos que, a todas luces, se han omitido a lo largo de la tramitación del proyecto".
"La proliferación de proyectos mineros por todo el territorio, bajo la promesa de la creación de puestos de trabajo, sólo nos deja enormes riesgos tanto para la economía de las zonas afectadas como para el medio ambiente", ha criticado López de Uralde. "Estamos ante una nueva agresión ambiental de gran magnitud, que para la empresa sólo tiene un fin especulativo, y que sin embargo, de llevarse a cabo, sólo traerá destrucción para el desarrollo sostenible, ambiental y económico de un territorio ya tan sumamente amenazado con su despoblación".
Por eso, ha reclamado que "se ponga freno a este desastre", y ha pedido al Ministerio "el abandono de los proyectos de explotación minera que sólo sirven para enriquecer a las empresas extractoras de los recursos naturales, y que terminan llevándose los beneficios fuera de los territorios afectados".
