El Gobierno español avanza en la concesión de los permisos para la excavación en Mina Muga pese a su elevado impacto medioambiental

Hay que recordar que la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto, emitida en junio de 2019, no se pronunciaba sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos geológicos, ni sobre la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes o catástrofes naturales, a pesar de que el proyecto "contempla la excavación de galerías de más de 600 metros de profundidad en las inmediaciones del embalse de Yesa, que se apoya sobre una falla, y en cuya ladera derecha se registran leves movimientos desde 2012"

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Pintadas en contra de Mina Muga proyectada en Undués de Lerda.

En el año 2015, tal y como contábamos en AraInfo, la empresa Geoalcali SL pretendía comenzar la construcción y explotación de varios proyectos mineros para la extracción de potasa. Tres proyectos distintos a desarrollar entre Nafarroa y Aragón, territorio donde afectaría a toda la Val d’Onsella, discurriendo por el subsuelo de las localidades de Undués de Lerda, Urriés y Undués-Pintano. Además, afectando a los municipios fronterizos de Zangotza y Xabier, y, en un proyecto distinto, a las poblaciones de la Sierra del Perdón, ya conocedoras de los problemas derivados de la extracción de potasa.

Ese mismo año, el periodista, Miguel Ángel Conejos, conversaba con tres geólogos de la Universidad de Zaragoza para tratar de arrojar algo de luz en torno a los macroproyectos que planteaba la empresa Geoalcali tanto en Aragón como en Nafarroa. Y es que la minería de potasas tiene un largo historial de negligencias. Existen numerosas pruebas en las explotaciones ya cerradas de la Sierra del Perdón, cercana a Iruñea, o en las de la comarca del Bages en Barcelona, todavía en funcionamiento. Contaminación y salinización de ríos y acuíferos, tremendos impactos visuales con la creación de montañas de desechos que superan los quinientos metros de altura, sismicidad inducida y abandono de actividad, y edificios sin ningún tipo de rehabilitación del entorno.

Poco tiempo después, la Plataforma Unitaria Contra las Minas de Potasa en la Val d'Onsella y la Sierra del Perdón conseguía, casi en tiempo récord, movilizar a los y las habitantes de la zona afectada. Un trabajo que lograba la presentación de cientos de alegaciones contra un proyecto que consideraban -y consideran- negativo en todos los aspectos para el territorio. Desde la plataforma se volcaban todos los esfuerzos en sacar a la luz la información que la empresa Geoalcali trataba de ocultar bajo promesas económicas en forma de puestos de trabajo, que el propio proyecto de la empresa desmentía.

En octubre de 2015, la dirección general de Ordenación del Territorio se comprometió a elaborar un “informe territorial” en el que se valorara el impacto que supondría este proyecto. El entonces director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, explicaba que "habrá que valorar cómo va a influir en la zona ya que supone una amplia extensión de terreno, una actividad de impacto y una modificación territorial importante".

Ya en 2016, los continuos cambios en el proyecto por parte de la empresa, así como la aportación tardía de documentación y el número de alegaciones presentadas, obligaban al Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) a la ampliación de dos meses en el plazo de resolución. Además, durante el periodo de exposición pública del expediente, varios organismos y público interesados manifestaban los posibles riesgos que entrañaba la construcción de la mina, asociados a la sismicidad y el impacto sobre las aguas, incluido el embalse de Yesa. A raíz de estas alegaciones Geoalcali elaboró adendas al EIA, que debían ser puestas en conocimiento de dichos organismos y público interesado.

Al mismo tiempo, Izquierda Unida (IU) presentaba una queja ante las Cortes de Aragón por la continua negativa de la entonces consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, a facilitar la información requerida en relación el proyecto Mina-Muga. La exportavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquin, solicitó hasta en dos ocasiones documentación relativa a este proyecto sobre el que la Plataforma Unitaria en contra de las Minas de Potasa de la Val d'Onsella y Sierra del Perdón planteaba serias dudas. Gastón se limitaba a responder, en una primera respuesta, que “la documentación solicitada no obra en poder del Gobierno Autónomo” y en la segunda, que “la solicitud recibida contiene dos preguntas, por lo que al no concretar documentación alguna, no es posible facilitarla”.

En junio del mismo año, Geoalcali solicitaba iniciar la construcción de una línea eléctrica sin los permisos para abrir Mina Muga. La empresa continuaba así con su política de "proyecto cambiante" y solicitaba la tramitación de la construcción de la línea eléctrica que uniría Sangüesa/Zangoza con la mina, sin que hubiera resolución con respecto al impacto ambiental del proyecto.

Asimismo, en 2017, la CHE alertaba que la construcción de Mina Muga podía afectar al embalse de Yesa. Todos los informes de los organismos involucrados en la evaluación del proyecto minero de Mina Muga alertaban que los peligros de afecciones a las aguas, las obras hidráulicas, incluido el embalse de Yesa, la subsidencia o la sismicidad inducida, denunciados por la plataforma contraria a Mina Muga, "existen y no están definidos en el proyecto de Geoalcali".

Tres años después, y tras diversas vicisitudes conforme al polémico proyecto, y tras la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el mismo, el pasado mes de marzo Geoalcali entregaba la documentación para la tramitación de la Concesión de Explotación. Sin embargo, la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto, emitida en junio de 2019, no se pronunciaba sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos geológicos, ni sobre la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes o catástrofes naturales, a pesar de que el proyecto "contempla la excavación de galerías de más de 600 metros de profundidad en las inmediaciones del embalse de Yesa, que se apoya sobre una falla, y en cuya ladera derecha se registran leves movimientos desde 2012".

Pese a todo, tal y como apunta el periodista, Eduardo Bayona, el Ministerio de Industria está ahora ultimando la concesión de los permisos para que Geoalcali dé comienzo a la excavación de Mina Muga. De esta forma, dicho proyecto se convertiría "en la mayor explotación minera subterránea" del Estado español y la tercera de todo el sector, junto al pantano de Yesa. "Más de 1.700 hectáreas con galerías de hasta 600 metros de profundidad a apenas un kilómetro y medio del mayor embalse del Pirineo, cuya presa se apoya sobre una falla y cuyo polémico recrecimiento lleva años alentando un acalorado debate público sobre su seguridad".

Imagen de la superficie que abarca el proyecto Mina Muga. En amarillo la planta en superficie, en rojo la explotación subterránea.

Podemos Equo Aragón alega contra Mina Muga y alerta de la peligrosidad e irregularidades del proyecto

Por su parte, Podemos Equo Aragón registraba en la mañana de este pasado viernes, alegaciones al proyecto Mina Muga, por ser un proyecto "contrario" al desarrollo sostenible de Aragón. Una acción que se realizaba de forma coordinada junto a las presentadas por Podemos en Nafarroa y en el Grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso español.

Marta de Santos, secretaria de Transición Energética y Cambio Climático en Podemos Aragón, expresaba que llevan a cabo esta acción movidos por el hecho de que “Mina Muga no puede traer más puestos de trabajo que inseguridad, sobre todo por la proximidad con el pantano de Yesa” y “debido a las incertidumbres del proyecto que han crecido conforme se ha ido tramitando”.

Si el proyecto sigue adelante, esta sería “la excavación minera más grande del país, siendo que está en una zona vaciada, que tratan de justificar en base a unos pocos puestos de trabajo”, según De Santos. “Pero además de no justificarlos adecuadamente, ni asegurar que suponga en ningún caso asentamiento de población en Aragón, en esta tierra ya hemos vivido las consecuencias de este discurso que se queda en agua de borrajas, y tenemos suficientes herencias malditas como la del lindano, no muy lejos de ahí”, apuntaba.

Alertan también desde la formación que a pesar de los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), del Instituto Geológico y Minero de España o del Instituto Geográfico Nacional (IGN), “recientemente se han conocido los avances llevados a cabo para la concesión de permisos para investigación de la excavación”.

El proyecto, recuerdan, “se ha ido modificando sustancialmente” conforme avanzaban en su tramitación, y actualmente aparecen “severas dudas de que se cumplan siquiera las condicionantes que se les puso en los primeros trámites, como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se les concedió en su día”.

Actualmente, “adolece de importantes carencias”, remarcan desde la formación morada porque “no se tiene en cuenta la biodiversidad del territorio, no quedan claros los estudios de afección en relación al mayor pantano de Aragón, Yesa, muy cercano y con movimientos continuos como indican los estudios de la CHE a los que podría sumar movimientos y peligros de sismicidad”.

“Por si fuera poco el caudal de dudas que arroja este nuevo documento que hoy se alega, -señalan desde la formación- mostramos gran preocupación porque la extracción de potasa generará una gran cantidad de residuos, unos cuatro millones de toneladas al año, y no se estudian adecuadamente o deja dudas a la posible contaminación de acuíferos que se usan para agua de boca, por ejemplo. Del mismo modo, plantea dudas severas sobre las afecciones que pudiera ocasionar a la Comunidad de regantes de Bardenas”.

“Teniendo en cuenta que la gestión y calidad del agua en Aragón es algo prioritario para nosotros, este no es un tema que vayamos a dejar pasar. Así, dado que el Gobierno de Aragón encomendó la gestión junto al de Navarra en el Ministerio, hemos propuesto en el seno del Gobierno del que formamos parte que se amplíe la información y se realicen los trámites necesarios para que no sea autorizado jamás un nuevo proyecto que pudiera suponer peligro y futuro desastroso para nuestra tierra. Y así, seguir en nuestra senda de priorizar las inversiones e impulso a proyectos sostenibles, que asienten población de forma digna, pero siempre adaptados a la realidad del Cambio Climático y que cuiden nuestro valores naturales”, añadía De Santos.

Unidas Podemos pide que no se autorice la excavación en Mina Muga por su "elevado impacto ambiental y su alto riesgo", y reclama poner fin a la explotación minera en el Estado español

En una iniciativa registrada por el diputado verde y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López de Uralde, Unidas Podemos mostraba su preocupación por el avance en la concesión de los permisos para la excavación en Mina Muga, entre Nafarroa y Aragón.

Según lamentaba el Grupo Confederal en la iniciativa registrada, la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto, emitida en junio de 2019, "no se pronunció sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos geológicos, ni sobre la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes o catástrofes naturales", a pesar de que el proyecto contempla la excavación de galerías de más de 600 metros de profundidad en las inmediaciones del embalse de Yesa, que se apoya sobre una falla, y en cuya ladera derecha se "registran leves movimientos desde 2012".

Por eso, López de Uralde ha pedido al Gobierno español explicaciones sobre las razones para omitir lo que, a su juicio es "una información esencial" en un proyecto la mayor explotación minera subterránea del Estado español.

Desde Unidas Podemos, a través de su diputado, reclaman al Gobierno español -del que este partido forma parte- que "reconsidere continuar adelante con la concesión de permisos", teniendo en cuenta "los riesgos que, a todas luces, se han intentado omitir en la tramitación del proyecto".

"La proliferación de proyectos mineros por todo el territorio, bajo la promesa de la creación de puestos de trabajo, sólo nos deja enormes riesgos tanto para la economía de las zonas afectadas como para el medio ambiente", ha criticado López de Uralde. "Estamos ante una nueva agresión ambiental de gran magnitud, que para la empresa sólo tiene un fin especulativo, y que, sin embargo, de llevarse a cabo, sólo traerá destrucción para el desarrollo sostenible, ambiental y económico de un territorio ya tan sumamente amenazado con su despoblación".

Por eso, ha reclamado que "se ponga fin a este proyecto, y el abandono de los proyectos de explotación minera, que sólo sirven para enriquecer a las empresas extractoras de los recursos naturales, y que terminan llevándose los beneficios fuera de los territorios afectados".

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