Sorpresa. Esa es la palabra que sirve para definir las sensaciones del equipo de gobierno del Consistorio de Zaragoza, tras conocer la solicitud presentada este pasado jueves por el grupo municipal socialista, con el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos, para la convocatoria extraordinaria del Consejo de Ecociudad. La maniobra realizada por el ‘tripartito’, pero encabezada por los socialistas, parece más una estrategia de distracción que otra cosa, ya que las tres fuerzas políticas apuestan por la externalización de las depuradoras.
De esta decisión, se deduce que ninguno de los tres partidos quiere esperar al Pleno del próximo viernes 30 de septiembre, día en que se celebra la votación del Consejo de Ecociudad, para posicionarse en contra de la remunicipalización. De hecho, parece que ya se han retratado. No obstante, el consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha instado al PSOE a que “recapacite” ante su negativa sobre la remunicipalización de los servicios, en este caso de las depuradoras.
Cubero ha recordado a los socialistas que “en mayo del año pasado los vecinos de Zaragoza decidieron que en la ciudad se hicieran políticas de izquierdas". Algo que hasta ahora parece que no se está cumpliendo, ya que en todas las votaciones sobre las “grandes decisiones de esta ciudad” –ordenanzas fiscales, derribo de Averly, entre otras-, “las acaba tomando la derecha”, ha señalado el consejero de Servicios Públicos.
"Estamos decidiendo entre garantizar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras o precarizar sus condiciones laborales”, aseguraba Cubero. “Estamos decidiendo entre que el servicio sea de calidad o que quede relegada a la obtención de beneficio. Y estamos decidiendo también que el servicio sea más barato", argumentos más que suficientes para que la remunicipalización se lleve cabo.
De esta forma, Cubero explicaba que “el servicio se debería externalizar por 1.700.000 euros", mientras que una posible remunicipalización, según los técnicos de Ecociudad, "costaría 1.200.000 euros”, es decir, un ahorro de 500.000 euros para las arcas públicas. Además de garantizar la estabilidad laboral de los y las trabajadoras y el ofrecimiento de un servicio de calidad para la ciudadanía. Sin duda, todos ellos aspectos positivos y con los que el PSOE parece no estar de acuerdo.
Por su parte, Teresa Artigas, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha advertido que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Zaragoza continuará con la “hoja de ruta” prevista para conseguir la remunicipalización de ambas depuradoras, según los plazos y criterios establecidos. La concejala ha insistido en la celebración del Pleno el día 30 de septiembre y ha comunicado la convocatoria, algo que ya tenían previsto en la hoja de ruta, de un Consejo de administración la primera semana de octubre en el que se ejecutará la decisión tomada en el Pleno del día 30.
De este modo, al disponer de un mes para convocar el Consejo extraordinario solicitado por PSOE, PP y C’s este pasado jueves día 15, la votación en el pleno para decidir sobre la remunicipalización de las depuradoras no corre peligro y se celebrará con total garantía. En ese momento se podrá ver de qué parte está cada partido, al lado de la gestión municipal de los servicios públicos o al lado de los grandes intereses económicos de la empresa privada.
Tampoco conviene olvidar que el agua es un patrimonio común de toda la humanidad que hay que proteger, defender y gestionar de una manera óptima. Así lo recoge la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que exige a los estados miembros la realización de una gestión que beneficie a la ciudadanía por encima de los intereses económicos privados. En este sentido, la resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU, "reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Por lo que debería administrarse teniendo en cuenta esta premisa y no ser considerada como, hasta ahora, una mercancía que brinda beneficios y enriquece a los grandes empresarios del Estado español.
