El Ingreso Mínimo Vital, según el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón (CPTSA), supone una “oportunidad y un momento histórico para replantear un modelo de intervención social garantista como primer paso hacia lo que entienden que debe ser una Renta Básica”.
No obstante, denuncian que la gestión administrativa del IMV “tal cual se ha presentado, solicitud, registro, comprobación de documentación y validación, no es una función de los y las trabajadoras sociales”. Al mismo tiempo entienden que dicha gestión no debe ser tampoco objeto de intervención de dicho sistema.
Los Centros de Servicios Sociales Generales, con las trabajadoras Sociales como profesionales de referencia “no son ni deben ser gestores delegados de las oficinas de la seguridad social”. Dicha prestación, matizan, es de competencia estatal y como tal debe ser asumida por la estructura administrativa de la Seguridad Social. “Reconocemos como función del Trabajo Social el informar, como un recurso más en el proceso de atención y acompañamiento del ciudadano dentro del programa de IVO (Información, Valoración y Orientación)”, aclaran.
Además, aseguran que los convenios de colaboración con las EELL y en coordinación con las administraciones territoriales, deben estar e ir enfocados a la intervención estratégica de la inclusión social que reconoce el propio RD-L, y es aquí, señalan, “donde deberíamos centrar la intervención y colaboración del sistema y de los profesionales de trabajo social, en caso contrario se perdería una oportunidad en empezar a liberar al Sistema de Servicios Sociales de ese papel gestor de prestaciones y recursos y centrarnos en lo realmente clave e importante el acompañamiento social”.
Para el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, la actual propuesta de colaboración en la gestión supondría “un colapso” de las atenciones en los centros de servicios sociales generales, sobretodo en estos momentos, donde las oficinas del INSS están todavía cerradas. El actual mecanismo de acceso a la tramitación pone de manifiesto la brecha digital con los posibles perceptores de la misma, recayendo de forma subsidiaria en los servicios sociales.
La actual sobrecarga de trabajo en los Centros de Servicios Sociales, entre otros motivos, generada por la situación de emergencia social actual, con dicha delegación “supondría un riesgo en la atención de las personas y en su proceso de acompañamiento profesional”, lamentan.
“No debemos confundir las funciones y tareas de los servicios sociales, y en este caso de los Trabajadores/as Sociales en la intervención con los más vulnerables como fundamentación para poder asumir la delegación de la gestión administrativa del IMV”, advierten.
Por todo ello, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, que representa a 1.440 personas colegiadas, rechaza que sean los Servicios Sociales de las Entidades Locales los que asuman la tramitación del mismo, “sin entrar a considerar otras cuestiones y repercusiones económicas y organizativas que dicha gestión supondría para EELL”.
