Especial coronavirus
El Comité ha exigido al Estado y al Gobierno de Aragón que adopten “con urgencia” acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad. "En la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso o por la propia persona con discapacidad o su familia”, ha precisado la entidad
Junto con la prisión aragonesa también se han suspedido las visitas en los centros penitenciarios de Madrid, Euskadi, La Rioja y Nafarroa, en las prisiones de Mallorca y Zuera, en Zaragoza, y en el Centro Penitenciario València-Antoni Asunción
Ya durante el confinamiento, el Instituto Aragonés de la Mujer puso en marcha un programa para ofrecer una alternativa habitacional a las trabajadoras sexuales de Aragón. Una medida anterior a la recomendación de la Ministra de Igualdad, Irene Montero.
Junto con este avance también ha aclarado que los presidentes territoriales tienen las competencias necesarias para pedir al Gobierno del Estado la aplicación del estado de alarma en el territorio
La propuesta de la Comisión Europea, anunciada este martes, está en línea con lo solicitado por el Gobierno español. El Estado español es el segundo con mayor asignación, por detrás de Italia.
La gran paradoja que ha revelado la crisis del COVID-19 ha sido el hecho de que la globalización trajo consigo el germen de su propia destrucción. En efecto, la expansión de un virus que inició en las entrañas de China, rápidamente se instaló en lugares insospechados a causa de la velocidad de tránsito y comunicación. Para algunos analistas, la propagación de la enfermedad desnudó las desigualdades estructurales en el mundo, pues aquellos ciudadanos que pueden viajar libres -a causa de sus recursos y capital- fueron los que trajeron la enfermedad a sitios llenos de pobreza y sin margen de respuesta …
El número de fallecimientos en este nuevo periodo de rebrotes que empezó en julio es de 71; mientras que 133 personas permanecen ingresadas. Del total de residentes y trabajadores (22.000 y 8.000) el porcentaje de personas con pcr positivo es del 3%.
El Departamento de Sanidad ha emitido una orden para uniformizar la normativa tras la aprobación la pasada semana de las actuaciones coordinadas en todas las comunidades. En lo que se refiere a las residencias, se detalla que se deberán realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros con 72 horas de antelación como máximo.
Es normal que el asunto colegio les haya pillado en bragas a nuestras autoridades. No se podía saber que iba a empezar en septiembre. Estamos a 20 de agosto de una pandemia que no da tregua. En teoría, en apenas tres semanas comienza el colegio. Pasaremos de una fase 2 en la que no te puedes juntar con más de diez personas -y la recomendación de que sean siempre las mismas- a que nuestras criaturas compartan aula con otras 25. No sabemos de la aplicación de los protocolos en los distintos centros. No sabemos cómo abrirán los colegios o si …
Son las primeras personas en llegar y las últimas en marchar. Sin ellas no hay sonido. Sin ellas no hay luces, ni focos. Sin ellas, simplemente no hay bolos. El silencio se adueñaría de los espectáculos. El mismo silencio que reciben ahora de las instituciones, tanto territoriales como estatales. Este sábado se movilizaron en Bilbo. El 17 de septiembre están previstas manifestaciones en diferentes ciudades. Su lucha continúa.
Las denuncias se presentaron ante Inspección de Trabajo y la Dirección General de Salud Pública el pasado 3 de agosto. CGT ha denunciado que durante la semana del 27 al 31 de julio, en plena fase 2, en contra de lo establecido, la plantilla ha trabajado más del 50% de la plantilla del colectivo examinador, superando las 10 pruebas diarias.
“Estamos estudiando todos los escenarios –ha manifestado- y hemos considerado mejor que se produzcan las menos entradas y salidas posibles en un centro educativo”, ha declarado el consejero de Educación Felipe Faci
"Este desarrollo tecnológico permite detectar contactos estrechos y notificar de forma anónima si alguno de ellos es diagnosticado de COVID-19, ayudando así a detectar cadenas de contagios", explican desde el Ministerio de Sanidad
Zaragoza en Común ha denunciado “la burla del gobierno de PP-Cs a la ciudadanía, habilitando un teléfono en el que no hay nadie para responder” como sustitución del Servicio 010.
Los Bomberos de Zaragoza han procedido “a desinfectar la tercera planta de la Casa Consistorial”, y el equipo PP-Cs confirma, ahora sí, que el servicio 010 “permanecerá cerrado -al menos- hasta el 31 de agosto”.
Desde la ONG advierten que "se necesitan medidas urgentes en las residencias de mayores para asegurar el control de la infección y evitar que la COVID-19 provoque otra vez el alto número de muertes en estos centros"
El Servicio Municipal de Atención Telefónica de Zaragoza, conocido como el 010, ha cerrado por un brote de COVID-19, lo que ha movido a Zaragoza en Común a pedir “al gobierno de PP-Cs que expliquen qué medidas de prevención se habían aplicado en este servicio municipal”.
Por otro lado, en las residencias de mayores y de personas con discapacidad, se deberán realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros, con 72 horas de antelación como máximo. También se harán a los empleados y empleadas que regresen de permisos y vacaciones, y a los nuevos trabajadores y trabajadoras que se incorporen.
Estos colectivos sostienen “que la rectificación ha sido un acto insuficiente para contentar a las familias y en ningún caso es admisible”, reclaman que “el complicado inicio de curso exige invertir en personal por parte del Departamento de Educación”, y anuncian “estar estudiando la viabilidad de un recurso de alzada”.
“Ante las noticias relativas al comienzo del próximo curso escolar en Aragón y el riesgo de que pueda extenderse de nuevo el COVID-19 por no garantizarse nuestra seguridad con medidas eficaces de prevención sanitaria en los centros de enseñanza aragoneses, familias de la escuela pública de Zaragoza nos hemos unido con el objetivo de defender nuestra salud y la del resto de personas que componen la comunidad educativa”, señalan.
El inicio de un nuevo curso escolar en un Aragón atravesado por la preocupación provocada por los datos de la pandemia del COVID-19 plantea numerosas preguntas a toda la comunidad educativa ¿cuándo comenzará? ¿será presencial? ¿reforzará la DGA las plantillas? ¿cómo conciliar las responsabilidades laborales y familiares?
El objetivo es "proteger dentro del ámbito sanitario a estos colectivos" ya que, según expone el director general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Guillermo Ortiz, “tenemos que caminar hacia la Sanidad Universal tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de vista social, con acciones como esta”
El Gobierno del Estado ha pactado con el de Aragón, y con los del resto de territorios, endurecer algunas medidas frente al COVID-19, entre ellas prohibir fumar en espacios abiertos si no se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros, cerrar el ocio nocturno, limitar horarios de bares y restaurantes hasta la 1, o restringir el número máximo de personas en reuniones a 10. Sin embargo no han comunicado nuevas medidas respecto a las condiciones de los centros de trabajo.
Insisten en “la necesidad de analizar soluciones conjuntas para paliar los problemas actuales generados por la escalada de COVID-19”, y recuerdan que “desde hace varias semanas vienen reclamando actuaciones como aumento de las plantillas, un punto central de Auto-COVID para PCR, informar de los resultados de las pruebas en un máximo de 24 horas o campañas de concienciación para la población”.
Aragón -según asegura el ejecutivo- ha incrementado en las últimas semanas la capacidad diagnóstica de COVID-19, con la posibilidad de analizar 5.000 PCR diarias en los laboratorios de Microbiología de los hospitales aragoneses y en el laboratorio del Centro de Investigación Biomédica de Aragón.
A solicitud del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Defensa español ha comenzado el montaje “de un dispositivo de triaje avanzado y hospitalización temporal en el parking de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza”.
La DGA enviará un requerimiento formal en el que se informará “de su obligación”, y tendrán cinco días hábiles para subsanar el incumplimiento y, “en caso de que no lo hagan, se aplicará el régimen sancionador”.