Desde hace 20 años muchas localidades aragonesas han visto cómo el saneamiento de sus aguas ha pasado de propiedad municipal a manos de la Diputación General de Aragón (DGA), o lo que es peor, a manos privadas, en muchas ocasiones influidos los consistorios por presiones de los antiguos gobiernos aragoneses. Muchos de esos pueblos vienen pagando el impuesto de contaminación de aguas por unas depuradoras inexistentes, pues el órgano gestor, la DGA, decidió desviar parte de los 140 millones estatales destinados a la construcción de estas depuradoras a otras obras de mayor conveniencia. Paradójicamente estas localidades, la mayor parte pirenaicas, …



























