Todo parece indicar que, durante el próximo año, Aragón podrá disponer de una Ley de Memoria Democrática. Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, quien en los próximos días firmará una orden para que se dé inicio a la redacción del proyecto. Ello implica que dicha Ley pueda ser presentada y, posteriormente, aprobada en las Cortes de Aragón a finales de 2017.
En este sentido, Vicente Guillén señaló, “parece inaplazable y razonable la redacción de una Ley territorial que permita avanzar en la senda del conocimiento de los hechos y circunstancias ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en aras al reconocimiento y reparación de los aragoneses que fueron víctimas de violencia y represión en ese contexto trágico de nuestra Historia”.
Para el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, “es un deber de la administración mirar de frente a este asunto y asumir la gestión de las políticas públicas de la memoria en toda la extensión que sea posible”. Además, también ha explicado que “el ciudadano tiene el ‘derecho de memoria’, y la administración tiene sin duda el ‘deber de memoria’. Es preciso, además, abordar este asunto desde la complejidad que ofrece el caso aragonés, atendiendo a la particularidad de la existencia de un frente de guerra estable, y las huellas e impactos diversos que ese hecho dejó en la gestión de la memoria pública y privada”, aseveraba Guillén.
Con el objetivo de dar comienzo a los trabajos, se ha constituido una Comisión, presidida por el propio consejero, en la que, dado el carácter transversal que se pretende imprimir al proyecto, se van a coordinar en su seno miembros de la Presidencia del Gobierno de Aragón y de los Departamentos de Presidencia y Educación, Cultura y Deporte, además de otras personas conocedoras de este ámbito legal.
Una de estas personas es Josefina Musulén, representante de CHA en la Mesa de Trabajo para la redacción del proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). La representante de CHA señala que “todavía queda mucho por hacer”. Además de redactar la Ley, “hay que ser valientes, toca llegar donde no se llegó con la Ley de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero”, subraya Musulén.
Respecto a los plazos de aprobación de la Ley, la representante de CHA espera que esté preparada “antes del verano de 2017, luego ya el proceso parlamentario esperemos que no sea muy largo, pero desde luego el año que viene tiene que estar hecha, presentada y aprobada, y por supuesto, que al mismo tiempo se den todas las condiciones para que la ciudadanía pueda participar en la redacción de dicha Ley”.
A juicio de Musulén, las ideas fundamentales sobre las que se asiente la Ley “están claras”. “Cuando hablamos de Memoria Democrática –continúa- no sólo hablamos de exhumaciones, hay una parte muy importante en educación, en la parte de justicia, qué ocurre con los juicios sumarísimos, qué sucede con todos esos expedientes de responsabilidades, en definitiva qué es lo que ocurre con toda esa gente que sigue figurando como delincuentes, hechos al fin y al cabo que no son ciertos”. “Todo estos detalles son igual de importantes para las personas, para las familias y para la memoria colectiva que las exhumaciones, que también lo son por supuesto”, matiza Musulén.
Al mismo tiempo, sobre las dificultades que se puedan encontrar por el camino para la redacción y aprobación de la Ley, la representante de CHA afirma que “una vez presentada, suponemos que a los diferentes sectores de la derecha aragonesa no les gustará mucho y puede haber reacciones de este tipo”, como por ejemplo el siempre absurdo argumento que dice “esto ya no toca y que hay que cerrar heridas”, porque como siempre se dice en estos casos, precisamente esta es la única manera de cerrar dichas heridas, “curándolas convenientemente”, asevera Musulén.
Y para que esto ocurra, resulta fundamental que “la gente tenga bien ubicada los papeles en la memoria y en la historia, su historia personal, y en nuestro caso en la memoria colectiva como territorio”. En este sentido cabe destacar que en estos momentos la Ley de Memoria que se ha redactado desde el Gobierno de Nafarroa “es la más valiente, porque siempre las últimas leyes que se van sacando adelante mejoran las anteriores”. Aunque a este respecto y según reconoce Musulén, “ellos no tuvieron frente de guerra, nosotros en Aragón sí que lo tuvimos, con lo cual cada una tiene que tener las peculiaridades del territorio donde se desarrollaron todos estos acontecimientos”.
A su vez, conviene recordar que la redacción de la Ley de Memoria Democrática de Aragón está incluida dentro de las 50 medidas que tanto CHA como PSOE pactaron para apoyar la investidura de Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón. “Esperemos que la Ley cumpla con todas las expectativas creadas, algo que no es tan complicado, ya que la cuestión es que se consiga el reconocimiento de una forma muy transversal”, concluye Josefina Musulén.
El diseño de la Ley se basa sobre tres pilares o principios básicos: Verdad, Justicia y Reparación. La primera de ellas como la atención al “derecho a saber”. Además de una serie de medidas destinadas a facilitar el acceso a la información a las personas interesadas e investigadores, por ejemplo, desde el terreno de las exhumaciones al fomento de políticas de acceso y transparencia de una documentación que todavía puede aportar valiosa información para las investigaciones.
El segundo de los pilares, Justicia, implicará un avance en la consideración de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo según lo hace el Derecho Internacional. Es decir, como víctimas de delitos de lesa humanidad, un hecho que supondría la revisión de las sentencias franquistas realizadas hasta el momento.
La Reparación se convierte en el tercero de los principios sobre los que se sustenta la Ley de Memoria Democrática. Aquí se incluirán elementos como la gestión de espacios públicos, la implicación institucional en el reconocimiento a las víctimas y el rechazo explícito al franquismo, las políticas educativas en materia de contenido curricular o las actividades culturales de difusión de los capítulos más oscuros de la historia reciente ocurridos en el Estado español.
Asimismo, el cumplimiento de la Ley integrará la elaboración de un régimen sancionador que penalice, entre otras cosas, el incumplimiento en materia de retirada de símbolos y elementos franquistas de los espacios públicos.
