Día tras día de confinamiento, ha venido compareciendo el denominado Equipo de Gestión Técnica en el que, hasta el reciente cambio de criterio por parte del Gobierno, hemos presenciado cómo han acaparado protagonismo unos actores uniformados que, tomando la palabra, recitaban un soporífero discurso cargado de expresiones bélico-policiales que poco aportan a la hora de afrontar la grave situación provocada por la pandemia mundial del COVID-19. Algo poco comprensible cuando hablamos de una comparecencia sobre la situación de una crisis sanitaria y no de un estado de carácter bélico o que pueda suponer un problema de orden público. Y es que, de la situación de crisis sanitaria, económica, social y emocional que nos ha tocado vivir, no saldremos adelante de la mano de quien plantea soluciones a base autoritarismo, presencia uniformada y control social. Solo una sociedad que defienda los servicios públicos, ponga en valor lo común y la necesidad de los cuidados, será capaz de enfrentar este difícil reto sobrevenido.
Ley mordaza y dudas sobre la legalidad de su aplicación
En las comparecencias, los altos mandos de las fuerzas de seguridad del estado, lanzaban un discurso mecanizado señalando lo que denominaban como actitudes y comportamientos incívicos por parte de sectores de la ciudadanía que han quedado respondidos a golpe de talonario de la conocida como Ley Mordaza.
Desde que se decretó el estado de alarma hasta la fecha, se han levantado alrededor de 700.000 propuestas de sanción, que se complementan con la práctica de más de 5.500 detenciones por presunta desobediencia, por parte de los diferentes cuerpos de seguridad desplegados por todo el estado español, a los que, según los datos y actuaciones publicitadas, da la sensación de que han lanzado a algún tipo de misión de contención coercitiva de un problema de orden público inexistente.
No obstante, hay dudas respecto a la legalidad de estas acciones, sobre las que se han pronunciado diferentes organismos. El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio del Interior datos sobre las multas tramitadas, así como las instrucciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han recibido al respecto, emitiendo un comunicado en el que manifiesta que, en estas circunstancias especiales, nuestros derechos más fundamentales deben continuar igualmente garantizados, porque la democracia no se suspende por muy difícil que sea el reto y que todo el resto de derechos y libertades, si han de ser restringidos, temporal y limitadamente, no han de perder su esencia.
Igualmente, la Abogacía General del Estado establece el criterio de que la ley requiere que la ciudadana o ciudadano que vaya a ser multado haya sido previamente advertido y manifieste una desobediencia efectiva, y no los casos que se están dando por el mero hecho de circular por la vía pública sin aparente justificación.
Ya en el año 2018, ante el elevado número de propuestas de sanción insuficientemente justificadas, la Secretaría de Estado de Seguridad publicó una instrucción en la que establecía que para la aplicación de la infracción del artículo 36.6 de la citada ley mordaza, el cual describe lo siguiente: La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Se hacía pues necesaria una desobediencia activa mediante una oposición física ante instrucciones dadas por las y los agentes.
Sin embargo, el Ministerio del Interior obviando todo lo expuesto, ha optado por cambiar de criterio estableciendo instrucciones que interpretan la misma ley de forma totalmente opuesta y arbitraria. Determina ahora que para multar por desobediencia no es necesaria ya una actitud de resistencia violenta, ni siquiera el requerimiento previo de las fuerzas de seguridad. Cualquier ciudadana o ciudadano sorprendido en la calle y cuya presencia, a criterio del o la policía actuante, no corresponda a alguno de los supuestos de excepción, se enfrenta a un sanción administrativa por desobediencia a partir de 600 euros. Esto parece responder a una huida hacia adelante del propio departamento ministerial, ya que el propio Real Decreto 463/2020 de Estado de Alarma carece de régimen sancionador.
Autoritarismo y abusos policiales en estado de alarma
No podemos dejar de denunciar episodios de comportamientos y abusos físicos violentos, por parte de algunos elementos de los cuerpos policiales, de los que hemos tenido conocimiento documentado en estos extraños días. No es tolerable que como sociedad se justifiquen, e incluso a veces se aplaudan, estos hechos que, además de reprobables, son delictivos por parte de funcionarios y funcionarias cuya obligación es la de estar al servicio de la ciudadanía en un modelo policial asistencial.
En este sentido, diversas organizaciones de Derechos Humanos han exigido al Ministerio de Interior que los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el estado de alarma, y que se investiguen algunas situaciones de violencia institucional, ya que, en el propio decreto que regula dicho estado, el gobierno y la policía tienen la obligación legal de proteger los derechos de la ciudadanía en las intervenciones de sus agentes y garantizar el marco democrático de derechos fundamentales.
Asimismo, expertos de Naciones Unidas, junto con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, señalan que la declaración de un estado de emergencia no puede usarse “para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud”.
Por todo ello es necesario recordar que el estado de alarma no supone una carta blanca para que los cuerpos policiales puedan incumplir las leyes y restrinjan derechos fundamentales bajo el paraguas de la alta discrecionalidad y arbitrariedad que dota la ley mordaza.
Nos encontramos en una situación que exige la responsabilidad conjunta y consciente de todas y todos, pero intentar imponer dicha responsabilidad a base de miedo, denuncias, señalamientos de balcón y control policial, solo conduce a la sociedad a una sensación de inseguridad, que nos lleva a asumir como respuesta la deriva autoritaria, el abuso y arbitrariedad institucional y policial, como ya estamos comprobando en diferentes casos.
Derogación de la mordaza y cambio en el modelo policial
Si algo en positivo debemos de sacar del análisis de esta situación, es la conclusión de la necesidad de la derogación de una ley que, después de cinco años en vigor, demuestra que fue maquinada como instrumento de recorte de derechos, represión y silencio de la legítima protesta social.
A su vez, se evidencia la oportunidad de la exigencia de un cambio en el modelo policial sobre una restructuración que asegure la independencia política, neutralidad e imparcialidad en las actuaciones de sus agentes, con la dotación de mecanismos de control ético y profesional estrictos y rigurosos en aras de evitar cloacas, corruptelas y abusos, rindiendo cuentas a la ciudadanía siempre que sea necesario. Un modelo que deje atrás herencias de oscuros pasados en blanco y negro, en ocasiones todavía latentes que puntualmente han parecido resurgir en este tiempo de crisis emocional, para dar paso a un verdadero servicio público transparente y libre de corporativismos e ideologías. En definitiva un modelo predominantemente asistencial, de mediación y cercanía, que actúe en colaboración con el tejido social y comunitario, asentando ese modelo alternativo que tantas veces se ha intentado impulsar y que en tantas otras se ha intentado rechazar.
Cuando finalice el estado de alarma y salgamos del confinamiento, nos encontraremos con una dura realidad en forma de crisis económica, social y emocional, además de sanitaria, de la que deberíamos aprender que por muy grave que sea esta, no podemos retroceder en derechos fundamentales, ni dar espacio a la imposición del miedo, la incertidumbre y el autoritarismo. Una situación a la que como sociedad haremos frente si ponemos los cuidados y la vida en el centro, en la que lo común y el compromiso social sea nuestro escudo contra todo tipo de mordazas.
