No con mi silencio: La resolución del conflicto del COA, pasa por el diálogo y no por el uso de los menores

Soy educador especializado en Protección de Menores de Zaragoza, realizo tareas de coordinación de casos y me relaciono con el COA . He sido miembro del comité del empresa del IASS Zaragoza. Para mi el origen del conflicto surge por las políticas del gobierno del PP que, con el apoyo del PAR, se dedicaron a recortar derechos sociales y también recursos en Protección de Menores.

Esos recortes nos llevaron a movilizaciones y medidas de presión, para tratar de impedir la privatización de servicios públicos, y que no disminuye un servicio esencial. Pero el gobierno PP-PAR legislaba priorizando lo económico en lugar de a las personas, y eso se refleja en los pliegos de contratación del COA, donde de salida lo educativo quedó relegado y, además, la empresa adjudicataria renunció; siendo adjudicado a INTRESS, antes del cambio de gobierno. Un verdadero fiasco; tocaba remar, otra vez más, contracorriente.

Ante los recortes se potenció la lucha sindical. Fueron movilizaciones compartidas; pero poco a poco se entró en una dinámica de utilizar a los menores, como palanca para hacer más visibles la reivindicaciones de “Educadores en lucha, del COA”.

En mis años de educador y en tareas sindicales, hemos afrontado muchas reivindicaciones; utilizando la huelga cuando así era necesario, (como se refleja en mi vida laboral). Es totalmente legítimo, así como la presión política o pública (campaña conejo rosa antes de las elecciones, o búsqueda de famosos que apoyen la causa), creatividad al poder. Lo que no comparto es el uso de la vida de los menores para que una lucha tenga mayor repercusión social; y eso es algo que en lugar de ir a menos, en el conflicto del COA, está yendo a más y podría acabar alimentando al monstruo contra el que creíamos luchar.

Porque, no hay que equivocarse, el uso que en ocasiones se hace de esas reivindicaciones se asocia al de plataformas sociales que piden  “policia todo el día”, o a quienes anteponen seguridad a educación para resolver los conflictos sociales y que son quienes demandan que los menores sean encerrados. Al final, detrás de todo ello, está un modelo social que es justo contra el que se quiere luchar, paradojas de la vida.

La postura, de llevar los menores a centros, es contrario a la legislación actual, en la que se cambia de paradigma y se pone el acento en el ámbito familiar, dejando los centros como último recurso; pues retirar a un menor de su familia, es el reconocimiento del fracaso del sistema. Es el reflejo de una sociedad inmadura, que demanda que se tomen las medidas desde fuera, desde profesionales, cuando el reto, la educación y la protección de niños y niñas, es intrínseco a ella.

El COA realiza un buen trabajo, imprescindible para el diagnostico de cada caso y así poder adoptar la medida de protección más adecuada a cada menor. Por eso sorprende la demanda de mas profesionales (enfermería, docentes, psicólogos, y seguridad, entre otros) para atender a los menores; me recuerda cuando los menores estaban en la Ciudad Escolar Pignatelli, y allí vivían, en “su ciudad”. Eso es potenciar la exclusión social.

Creo en la capacidad transformadora de la educación, como se ha demostrado durante años en el COA, gestionando situaciones similares a las que hoy parecen inabordables. En ese sentido, es esencial poner en valor a los nuevos educadores, en lugar de denostarlos.

Las dificultades no legitiman el estar aireando las incidencias de los menores. Eso, vulnera lo fijado en la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, y no resolverá el conflicto. Por eso planteo que NO VALE TODO. Ni vale “cuanto peor, mejor”. Sencillamente: no se pueden utilizar a los menores en un conflicto laboral.

ES TIEMPO DE DIALOGO Y PROPUESTAS, que vayan a la raíz de problema. Aporto algunas: Dotar económicamente bien la atención a los menores en protección. Cambiar los sistemas de pliegos de contratación, priorizando lo educativo e incorporando cláusulas sociales. Activar las comisiones de evaluación de centros concertados. Incrementar los recursos residenciales terapéuticos para menores en Aragón. Realizar un abordaje global de los cambios de perfiles de los menores. Potenciar la coordinación interadministrativa. Analizar, y poner en marcha, mejoras en el Centro de Observación y Acogida de Zaragoza, que pasen, entre otros aspectos, por eliminar la doble escala salarial.

El reto merece la pena y es la tarea a la que estamos convocados.

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