En un Estado de derecho, la Policía está para defender a la ciudadanía y perseguir o evitar la comisión de delitos, entre otras tareas. En otras palabras, para defender a la gente, no para "cascarle".
Pero desde hace un tiempo, los responsables políticos parece que la utilizan para meter miedo entre la población, bien sea con métodos brutales, como los de Valencia, o con otros menos escandalosos pero quizás más eficaces a largo plazo.
Esta actuación ya sucedía con el anterior Gobierno socialista, pero se ha acentuado con la llegada al poder del Partido Popular.
Los hechos más visibles se han visto estos días en Valencia, con la violenta intervención de los antidisturbios contra estudiantes menores de edad. Actuaciones del mismo cariz se extienden por otros lugares del estado, aunque no sean tan mediáticos.
El último ejemplo se vio en la manifestación contra la reforma laboral en Zaragoza. La Policía pidió la documentación a diversas personas, jóvenes sobre todo, a su llegada a una manifestación legal. Por otra parte, los antidisturbios retuvieron durante al menos media hora al 'bloque crítico' impidiéndoles incorporarse a la marcha.
Y por último, sorprendió el despliegue de furgonas que 'acompañaban' a la manifestación de manera ostentosa y poco menos que provocativa, con un cordón de antidisturbios desplegados al final de la marcha.
¿Por qué motivo se piden identificaciones a gente que sólo acude a un acto que cuenta con todos los permisos? ¿Por qué tiene que ser la Policía quien decida cuándo y dónde se incorpora un grupo de personas pacíficas a una manifestación?.
¿Qué mensaje se pretende enviar a la ciudadanía exagerando la visibilidad de la Policía en una manifestación legal en la que no había el menor indicio de que se fueran a producir incidentes? ¿Cuál es el objetivo de estas actuaciones?.
La brutalidad policial busca radicalizar la respuesta de los y las manifestantes para que recurran a la rotura de farolas y al vuelco de contenedores. Es la mejor forma de desprestigiarles y de aislarles para futuras convocatorias.
Y las medidas menos visibles, pero más siniestras y peligrosas, persiguen inculcar el miedo entre la gente menos concienzada y extender la idea de que si sales de casa puedes volver con una multa en el bolsillo.
Cuando un Gobierno 'democrático' cree que la 'autoridad' sólo se puede mantener mediante el terror, es que algo funciona muy mal en esa democracia. Una persona que protesta pacíficamente no es un delincuente, y mucho menos un enemigo. ¿Vamos camino de un Estado policial encubierto?.
Desde hace demasiado tiempo, los dirigentes (políticos y económicos) no respetan a la ciudadanía. Con las excepciones que hagan falta, los políticos quieren súbditos y los empresarios buscan esclavos/as antes que ciudadanos/as.
Texto y foto de El Ventano
