En la cuarta sesión del juicio que se celebró el viernes en la sala de lo penal número 1 de Getafe, se presentaron las conclusiones finales de la Fiscalía y de los abogados defensores, tras las cuales el magistrado Abel Téllez indicó un plazo de cinco días para dictar la sentencia. No tendrá que hacerlo sobre dos de los acusados, Edgar Martín y Armando Barco, a los que el Ministerio Fiscal ha retirado en su exposición todos los cargos de los que los acusaba.
En sus conclusiones, la fiscal reduce la petición de condena para el resto de los procesados, que ha pasado de los ocho años y tres meses de prisión iniciales a cuatro años y seis meses. Esta solicitud está dividida en dos años de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores, uno por atentado y seis meses por cada uno de los tres delitos de lesiones que ha mantenido la Fiscal tras el proceso, pues originalmente existía uno más que ha reducido finalmente al nivel de falta.
Para esta decisión, la fiscal ha aceptado como atenuante el pago de indemnizaciones a los agentes y el trabajador, supuestamente agredidos, si bien considera que los testimonios y pruebas presentados han probado que en aquella jornada de huelga en la fábrica de Airbus se produjeron “hechos constitutivos de delito”. En concreto, la fiscal ha hecho especial referencia al incumplimiento del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a quienes “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga” y que ha dotado al proceso de una especial significación política.
Precisamente la aplicación de dicho artículo es considerada por los sindicatos una amenaza al derecho de huelga e incluso a los “principios democráticos” y partidos políticos como PSOE, Podemos o Izquierda Unida han mostrado durante los últimos días su voluntad de derogarlo.
Según la fiscal, en aquella huelga, los acusados, que se encontraban concentrados a las puertas de la fábrica, llevaron a cabo “tareas que sobrepasan los límites permitidos en el derecho de huelga” dado que la ley “condena los piquetes violentos” y entiende que se cometió una “coacción grave de la libertad ajena”.
Según publica Tercera Información, los abogados de la defensa basaron sus alegatos en que no se ha podido probar que sus defendidos cometieran delito alguno y que las acusaciones solo se sostienen en las declaraciones de los policías, en las que se encontraron "incoherencias".
Destacó asimismo las "irregularidades" que, a su juicio, se produjeron durante el proceso de instrucción y las identificaciones de los acusados, por considerar que solo se les acusó por pertenecer al comité de empresa o ser afines a este y por haber acudido al servicio médico de Airbus tras haber recibido golpes ese día.
Otro punto de especial relevancia fue el hecho de que uno de los policías que actuaron allí disparase con munición real, conducta por la que el propio jefe del operativo aseguró haberse dado por "finiquitado" y por la cual a este agente se le abrió un expediente disciplinario, añade este medio libre.
Dicho expediente se encuentra a la espera de resolución, que dependerá de lo que ocurra con este juicio, motivo por el cual los letrados consideraron que los agentes de policía tenían un interés concreto para mentir en sus comparecencias.
Los abogados se apoyaron también en los vídeos presentados por la Fiscalía, en los que sus patrocinados fueron identificados en varios momentos sin que se les pudiera acusar de estar cometiendo ninguno de los delitos que se les imputan.
Asimismo, recurrieron a los testimonios de testigos que aseguraron durante el juicio que el piquete no impidió la entrada a las y los trabajadores que quisieron trabajar y que ninguno de los acusados agredió o insultó a dichos empleados o a los policías.
En declaraciones tras el final de juicio, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se mostró satisfecho y confía en que el juez encargado del juicio dicte sentencia absolutoria para todos los acusados. Toxo felicitó a los ocho abogados de la defensa que, a su juicio, han realizado “un magnífico trabajo” e indicó que los que apoyan a los encausados pueden estar “absolutamente tranquilos”.
“Si el juez, como no debería ser de otra manera, tiene en cuenta los alegatos que hemos escuchado hoy, los seis que restan, como hoy han sido Armando y Edgar, quedarán en completa libertad, absueltos y con todos los pronunciamientos favorables”, dijo Toxo.
Tal y como recuerda Tercera Información, a día de hoy continúan abiertos procesos judiciales contra más de 300 trabajadores y trabajadoras por haber ejercido el derecho de huelga, con acusaciones casi siempre basadas sólo en declaraciones de la policía, acusados paradójicamente de un delito contra “los derechos de los trabajadores”.
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